Los políticos no hemos estado a la altura de las demandas y necesidades de la ciudadanía ni hemos sabido comunicar la importancia del cambio que se vive en la hoy Ciudad de México, y a ello obedece el poco interés por participar en el proceso
de reforma.
El diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo, del Partido Nueva Alianza (NA) en la Asamblea Legislativa, tras aceptar lo anterior precisó que los políticos no han mostrado capacidad para defender los intereses de los ciudadanos ni encontrado formas efectivas para informar sobre la importancia política que reviste la conversión del Distrito Federal en Ciudad de México.
- celebrarse la segunda mesa de análisis del foro “Hacia una nueva alianza constitucional por la Ciudad de México” en la que se abordó el tema “Alcaldías y División Territorial”, en la sede de la Asamblea legislativa del Distrito Federal (ALDF), el diputado Corchado precisó ante los asistentes que el poco interés de los ciudadanos obedece a que la clase política no ha estado a la altura de las aspiraciones de la gente.
En su opinión, la Constitución Política que regirá el destino político-administrativo de la Ciudad de México y sus alcaldías, una vez concluida su redacción por parte de la Asamblea Constituyente, tendría que someterse a plebiscito, por ser ésta una forma de ganar legitimidad y la ciudadanía tiene que saber cuáles son sus alcances, limitaciones y los beneficios que tendrá de ella, aunque ésa es una decisión que corresponderá a los constitucionalistas.
Mencionó que la Ciudad de México y su división territorial en alcaldías es un avance democrático. El proceso forma parte de un cambio político y de la madurez democrática que no implica únicamente depositar el voto en la urna durante una jornada electoral, sino que, además, tiene qué ver con la forma de gobernar, cómo se administran los recursos, y la rendición de cuentas.
En este sentido, el diputado Corchado Acevedo de Nueva Alianza precisó que la Constitución Política de la Ciudad de México tiene que integrar la revocación de mandato como un mecanismo que aplique cuando no haya transparencia en el ejercicio de la función pública, ya que de nada serviría la participación ciudadana si al final no hay consecuencias.