La delegación Cuauhtémoc informó que 10 exservidores públicos de la demarcación fueron inhabilitados por la Contraloría General de la Ciudad de México, por lo que no podrán desempeñar ningún cargo público en los próximos tres años.
El director Jurídico y de Gobierno de la demarcación, Pedro Pablo de Antuñano dio a conocer la resolución que incluye los nombres de ex directores, subdirectores y jefes de Unidad Departamental de la administración pasada, acusados de actos indebidos en el cargo.
Después de llevar a cabo diligencias por 150 días, la Contraloría General notificó a la delegación Cuauhtémoc sobre estas sanciones a los ex funcionarios que incurrieron en la operación fraudulenta del reloj checador, extorsión en materia de obras y abuso de poder.
Acompañado por la Fiscal Anticorrupción de la Cuauhtémoc, Zuleyma Huidobro González, De Antuñano informó que son las primeras medidas correctivas que notifica la contraloría de la capital a la delegación.
Lo anterior debido a la serie de denuncias interpuestas antes de que el jefe delegacional, Ricardo Monreal Ávila, asumiera el cargo en octubre del año pasado.
Mencionó que al iniciar la gestión de Ricardo Monreal fueron interpuestos 94 denuncias por presuntas irregularidades en diversas áreas de la demarcación, principalmente cometidas en la gestión de Alejandro Fernández Ramírez.
Hasta el momento, declaró el director Jurídico y de Gobierno, suman 121 acusaciones ante instancias de procuración y administración de justicia.
Entre los inhabilitados que no podrán ejercer algún cargo público por tres años, están cuatro vinculados con la corrupción en el manejo del reloj checador: Omar Jaime Rosas Hernández, ex líder coordinador de proyectos “A”; Gerardo Mendoza Aguilar, ex auxiliar operativo de Oficina (encargado de dicho dispositivo).
Asimismo, José Alberto Torres García, ex auxiliar de Servicios de la Oficina Administrativa; y Luis García Peña, ex controlador de Asistencia.
A estas personas se les comprobó actos de extorsión en la operación del reloj checador en contra de trabajadores a quienes les exigían cuotas quincenales que iban desde 50 pesos hasta 200 pesos para cubrir salidas, entradas o faltas.
Por abuso de poder, además de la inhabilitación se impuso como sanción la destitución del puesto a José Luis Juárez Martínez, ex director de Equidad Social, convirtiéndose en el primer director inhabilitado por varias décadas, de acuerdo con la Contraloría.
Juárez Martínez “hacía uso indebido de sus funciones y atribuciones” junto con María Elena Lara Zetina, ex jefa de la Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios; y Jenny Zuluaga Aguilar, ex enlace “A”; y Rosa Ema Campos Lara, ex subdirectora Administrativa de la Dirección General Jurídica y de Gobierno.
Además, se sancionó con una suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo de 90 días, al ex subdirector de Obras Públicas, Alejandro Jiménez Zavala, y al ex jefe de Unidad Departamental de Supervisión Interna de Obras por Contrato, Ignacio Ogando Mouriño.
Pedro Pablo de Antuñano indicó que una vez sancionados estos ex servidores públicos, la Fiscalía Anticorrupción analizará si también ameritan castigo penal.