Después de que el presidente de la Mesa Directiva en el Senado, Roberto Gil Zuarth declarara instalado el segundo periodo de sesiones extraordinarias, en votación económica se aprobó la manera en que se llevaría a cabo la discusión y votación respecto de las observaciones del Ejecutivo federal de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Después de unas horas de discusión, se votó en lo general la Ley 3 de 3, se aprobó con 80 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, la cual no afecta a empresarios y no modifica tampoco el artículo 29 de la misma.
En su intervención el senador Manuel Bartlett, afirmó que el veto presidencial es una farsa y “no toca la corrupción presidencial”, mencionó que “la nueva estructura estará condenada al fracaso debido a que las instituciones que la integran carecen de independencia. No hay auténtica separación entre los vigilantes y vigilados, porque los últimos designan a los vigilantes”, advirtió.
Bartlett Díaz reconoció que “sólo los servidores públicos están obligados a la publicidad, aunque muy limitada, de sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales. Las empresas no están obligadas a publicitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales, medioambientales y en materia de salud”.
Por su parte, la senadora panista Pilar Ortega Martínez al presentar a nombre de la Comisión de Justicia, el dictamen sobre las observaciones parciales a la Ley General que remitió el Ejecutivo federal, aseveró que la redacción del artículo 32 en los términos en que fue aprobado por el Congreso hace unas semanas, tiene “aspectos riesgosos en materia de legalidad de la reforma nacional anticorrupción”.
En su momento al presentar a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, el dictamen por el que se aprueban las observaciones del Ejecutivo federal a la 3 de 3, el senador Perredista Alejandro Encinas destacó que el veto Presidencial al artículo 32 de dicha ley puso en evidencia la premura y la forma lamentable como que se desahogan en ocasiones los temas que corresponden al Poder Legislativo.
El legislador reconoció que la redacción de dicho artículo permitía una interpretación discrecional y, pese al veto, prevalecen los diferendos que existieron durante el debate: sobre el artículo 29 y la publicación de las declaraciones de los servidores públicos; y en el artículo 32 y los instrumentos de control y verificación de los beneficiarios de los contratos de obra o de infraestructura pública.
Además, urgió al avance en la legislación para establecer los controles de los cuales deben ser sujetos los beneficiarios de los contratos de obra y adquisiciones de los distintos órdenes de Gobierno.
En su intervención, el senador Carlos Puente Salas, Coordinador del Partido Verde Ecologista, destacó que los legisladores fueron partícipes de un proceso democrático que confirma las instituciones de derecho y que coadyuva al sistema de pesos y contrapesos de nuestro país.
Y recalcó que el veto del Ejecutivo federal no cuestiona las decisiones que se tomaron en el Senado, y que tampoco se le corrige la plana a nadie; sino que representa una oportunidad para considerar argumentos adicionales, haciendo uso de las vías institucionales de colaboración y equilibrio entre Poderes.
Del Revolucionario Institucional, la senadora Lisbeth Hernández Lecona, afirmó que las observaciones del titular del Poder Ejecutivo resultan pertinentes, “y que en nada merma la eficiencia del sistema para prevenir y combatir la corrupción. Es un tema de todos, es un tema de unidad, es un tema por una cultura de la integridad”.