Por su carácter estratégico para el país, el artículo 13 del proyecto de Constitución para la Ciudad de México debe ser reformado para incluir en el rubro de Educación, los conceptos de “ciencia, tecnología e innovación”, preceptos que no aparecen tampoco en la Constitución General de la República.
Esta implicaría incluso una gran contribución en la Constitución de la Ciudad de México para impulsar mejores condiciones, expresó el diputado constituyente del Grupo Parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks al participar en los debates de la Comisión Carta de Derechos de la Asamblea Constituyente.
“Se requiere ciencia para favorecer el desarrollo humano, para coordinar los ámbitos de gobierno y sociedad, para producir y distribuir el conocimiento y crear entornos económicos e institucionales favorables para la cadena virtuosa de la educación, ciencia, cultura, tecnología e innovación”, indicó.
Por ello sería muy valioso, porque no existe prácticamente en ninguna otra parte del país, incluir las palabras ciencia, tecnología e innovación, subrayó tras señalar que el artículo 13 del proyecto, es el alma de los sueños, las esperanzas y los caminos que hemos heredado y de los que tenemos que hacer una nueva página.
De esta forma, el senador Romero Hicks reconoció que hay aportaciones importantes, pero insuficientes en el proyecto de Constitución presentado por el Jefe de Gobierno el pasado 15 de septiembre y por tanto debe reestructurarse.
Primero, en el tema de Principios Integrales, sobre los cuales debe estructurarse la educación. Segundo, en la Comunidad Escolar como centro del sistema educativo; tercero, en la Promoción y el Acceso a la pertinencia y la calidad y cuarto, la ubicación del tema de la autonomía de la Universidad de la Ciudad de México.
“En los términos en que está, el artículo 13 del proyecto aligera las responsabilidades del estado y adolece de algunas contradicciones que impiden garantizar plenamente el derecho que otorga la Carta Magna”, insistió.
Otro problema que tiene la propuesta del Jefe de Gobierno, dijo, es que asume la educación como un bien público, lo cual es un concepto inexacto y ya rebasado porque se entendería por bien público lo que provee el Estado cuando también lo puede proveer la propia sociedad.
“El proyecto también deja por fuera la obligatoriedad de la educación básica y la media superior; tampoco establece el derecho u obligación de los padres para asegurar que los niños cursen la educación obligatoria”.
La constitución de la CDMX debe garantizar la gratuidad y accesibilidad a los servicios educativos; establecer acciones afirmativas destinadas a prevenir y compensar situaciones de desventaja de grupos vulnerables y último, prever la asignación de recursos para que la educación sea asequible y se garantice el pleno ejercicio de este derecho.