Molestia y enojo dejó a las principales organizaciones ciudadanas de la Ciudad de México la aprobación en la Asamblea Legislativa de la nueva Ley de Vivienda para la capital que faculta al Gobierno para implementar la captación de plusvalías atentando con la iniciativa privada de los mexicanos que tienen propiedades ya que obliga en la venta de los mismos pagar un porcentaje de la plusvalía o ganancia al gobierno de la Ciudad de México
No faltaron las voces de protestas en las fracciones parlamentarias del PRI, PAN e incluso Morena al asegurar que es una atentado directo a la propiedad privada de los ciudadanos capitalinos ya que en la esfera jurídica confisca e interviene directamente.
En la nueva ley, particularmente en el Artículo 94 de la misma obliga a los propietarios al momento de la venta el pago de ese porcentaje de la plusvalía, por lo que legisladores del PRD niegan que se trate de un nuevo gravamen y que afecte el patrimonio de los ciudadanos.
De acuerdo con el asambleísta panista Fernando Zárate la medida es inconstitucionalidad y atentatoria a la libertad de los ciudadanos con propiedades a vender y obtener previa negociación una ganancia por la venta de un bien inmueble.
Los diputados aseguran que el nuevo ordenamiento no genera cargas tributarias, sino que busca darle una buena dirección a los recursos aportados por inmobiliarias que construyen en la ciudad.
No obstante, Fernando Zárate del Partido Verde, criticó la medida y dijo que con ella se atenta el patrimonio familiar de los capitalinos.
Muchas razones para preocuparse por la Ley de Vivienda, comenzando por la captación de plusvalía que atenta contra el patrimonio familiar
En medio de la polémica generada por este tema, el jefe de gobierno afirmó que cualquier intento de cobrar un nuevo impuesto a los capitalinos será vetado por su administración.
“Jamás vamos a permitir que se haga un cobro a los particulares por el valor de su propiedad en el momento que la vendan o que decidan comercializarla. De ninguna manera lo voy a permitir en la Ciudad de México”, aseguró en una tarjeta informativa.
La Polémica
Los diputados aseguran que el nuevo ordenamiento no genera cargas tributarias, sino que busca darle una buena dirección a los recursos aportados por inmobiliarias que construyen en la ciudad.
Mientras que en la Asamblea Constituyente las críticas por la posible creación de un nuevo impuesto a través de la captación de plusvalía obligaron al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera a echar atrás la redacción original, en la nueva Ley de Vivienda de la ciudad, sí se contempla ese concepto.
Cabe resaltar que el pasado martes 6 de diciembre el mandatario local, Miguel Ángel Mancera desistía en el intento de que el gobierno capitalino se quedara con una parte del plusvalor de inmuebles generado a través de la mejoras de la urbanización, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó una ley que sí incluye este mecanismo a través del artículo 94.
“El Gobierno de la Ciudad de México deberá generar e implementar mecanismos para la captación de plusvalías generadas por las acciones urbanísticas. Esta captación se destinará a la defensa y fomento de interés común, a través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente los costos del desarrollo urbano, así como al mejoramiento del espacio público, infraestructura urbana y, en general, del entorno urbano”, dice la nueva ley que avalada con 34 votos a favor y 21 abstenciones.
A pesar de que en la redacción del artículo se señala que "la Secretaría de Finanzas asignará al Instituto (de Vivienda del DF) un porcentaje de los recursos obtenido por captación de plusvalías, para la adquisición de reservas territoriales y la construcción de vivienda de interés social y popular",
Los integrantes de la Comisión de Vivienda, aseguraron que su aprobación no generará nuevas tasas tributarias ni afectará el patrimonio de los capitalinos.
"Las plusvalías urbanas es una realidad en todos los asentamientos urbanos del mundo, lo que no implica aumento de tasas tributarias sino a una mejor distribución de ingresos ya generados", dijo Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno.
Por su parte, la diputada Dunia Ludlow, presidenta de la Comisión de Vivienda, señaló que lo que busca la nueva legislación es garantizar el derecho de los capitalinos a una vivienda digna y adecuada, de acuerdo con lo establecido por organismos internacionales.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha establecido la captura de plusvalías como una oportunidad para aumentar los ingresos públicos con el objetivo de financiar infraestructura y generar un desarrollo más ordenado.
En el estudio "Expandiendo el uso de la valoración del suelo: la captura de plusvalías en América Latina y el Caribe", el BID señala que puede realizar a través de tres maneras: la creación de impuestos a partir de la instalación de infraestructura en la zona; el reparto del costo de una obra entre los habitantes beneficiados a través de la contribución de mejoras; y regulaciones aplicadas a partir de convenios con desarrolladores para la obtención de contraprestaciones a cambio del derecho a construir.
La semana pasada, el artículo 21 del proyecto de Constitución de la Ciudad de México, que establecía que los incrementos por el valor de uso de suelo derivados de procesos de urbanización serían parte de la riqueza de la capital, generó mucha polémica entre diputados y la opinión pública.
“Jamás ha existido la intención del grupo redactor del Proyecto de Constitución de la Ciudad de México de crear o cobrar un nuevo impuesto a los habitantes de la capital del país”, aseguró el mandatario capitalino, quien pidió que la redacción quedara conforme con lo establecido en el artículo 122 de la Constitución federal y el 10 de la Ley General de Asentamientos Humanos, a fin de evitar interpretaciones distintas sobre el término del cobro de la plusvalía.
Sobre esto, Santiago Creel Miranda, diputado del PAN, señaló que la captura de plusvalía es un mecanismo que ya existe a través de gravámenes de carácter local y federal que se aplican al momento de la compra de un inmueble.
“Estamos en contra dado que es un doble impuesto, que ni siquiera tiene los parámetros para poder hacer una correcta evaluación de qué significa ello”, señaló el diputado.