Andrés Chávez del Frente Nacional por la Familia, exigió el jefe capitalino, Miguel Ángel Mancera que se deseche el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México para iniciar un auténtico proceso democrático que dote a la capital del país de un ordenamiento que tome en cuenta el interés de toda la población y, mediante el
referéndum, no sea más un escalón en los proyectos políticos rumbo a las elecciones de 2018.
Además, se demanda que se replantee el proyecto de constitución para dotar a la Ciudad de México una ley general alineada con la Constitución General de la República; y que la ciudadanía elija en 2018 una Asamblea de la Ciudad de México que sea constituyente con integrantes de todos los partidos y en una votación con mayor participación ciudadana.
En conferencia de prensa, el activista a nombre de varias organizaciones no gubernamentales señaló que se pronuncian por una Constitución que garantice y proteja la vida, el patrimonio de las familias, la posibilidad de educación de nuestros hijos y el desarrollo económico sostenido, justo y generalizado para todos los mexicanos.
En un céntrico hotel, Andrés Chávez señaló que el marco no puede ser peor por la arbitraria propuesta del gobierno de Miguel Ángel Mancera, por la antidemocrática conformación de la Asamblea Constituyente, por la intransitable operación de su funcionamiento y por estar de espaldas a los mexicanos.
El vocero del colectivo indicó que no quieren una Constitución al vapor, hecha sobre las rodillas en la que se pretenda un albazo que aproveche las fiestas de fin de año para colar “bolas rápidas”; México ya no está para sabadazos de los políticos.
“No podemos guardar silencio ante la evidente estrategia política que pretende dividir a la izquierda para posicionar a Miguel Mancera como un precandidato presidencial que pueda enfrentar a Andrés Manuel López Obrador e impedir alianzas entre los partidos opositores”.
Andrés Chávez en compañia de otros representantes de ONG, destacó que a esto debe agregarse que el proyecto de Constitución que se discute no contempla la figura de referéndum como mecanismo de legitimidad social y, el colmo, incluye en su articulado la prohibición para que durante cinco años no pueda ser modificada, en un acto autoritario.
Además, -dijo- la Constitución que se discute vulnera derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, los derechos de los niños a ser educados por su padre y madre, atenta contra el patrimonio de las familias al intentar gravar la plusvalía y no reconocer la importancia de la propiedad privada.
“Se trata de un proyecto ideologizado que coloca al gobierno como protagonista principal de la economía en un modelo que ha fracasado en el mundo y mantiene hoy al borde del colapso a hermanas naciones sudamericanas”.