La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió 17 recomendaciones durante este año a diversas autoridades delegacionales y del Gobierno de la Ciudad de México; algunas en temas que anteriormente no se habían abordado.
Por primera vez, destacó en un comunicado, se emitieron recomendaciones en temas relativos al reordenamiento del comercio en el espacio público (Recomendación 10/2016), así como a la reorganización del sistema de recolección, separación y destino final de residuos sólidos urbanos en la capital, y las condiciones de las personas que llevan a cabo esas actividades (7/2016).
La CDHDF también emitió instrumentos recomendatorios por casos de tortura y otras violaciones cometidas por personas servidoras públicas (1/2016); fallecimiento de personas en custodia de jueces cívicos (3/2016); muertes violentas de personas privadas de la libertad y visitantes en centros de reclusión (4/2016).
De igual forma, dicho organismo emitió recomendaciones referentes a la detención ilegal en el ejercicio del derecho de defender derechos humanos y libertad de expresión en el contexto de manifestaciones públicas y protesta social (11/2016), y sobre los retos del Sistema de Transporte Colectivo Metro (14/2016), entre otros.
Como parte de los resultados obtenidos durante este año, se dio un impulso importante al cumplimiento de las recomendaciones; de enero a noviembre se concluyeron 169 puntos recomendatorios, destacando que fue en el segundo semestre cuando se dieron por concluidos 117 de esos puntos.
De las recomendaciones atendidas por las autoridades, 103 son medidas de no repetición, 26 son reparaciones de daño y 40 se tratan de sanción por responsabilidad a personas servidoras públicas.
Por otro lado, a través del Programa de Lucha contra la Impunidad, la Dirección Ejecutiva de Seguimiento de la CDHDF trabajó en 230 procedimientos de investigación de responsabilidad administrativa que involucraron a servidores públicos adscritos a 20 dependencias del gobierno capitalino, mayoritariamente a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) locales.
La CDHDF también dio seguimiento a 189 procedimientos penales contra servidores públicos adscritos a 19 autoridades locales; en su mayoría pertenecientes a la PGJ y a la SSP capitalinas; todos ellos vinculadas con violaciones a derechos humanos.
En ese contexto, de enero a noviembre de 2016 se reportaron 33 servidores públicos sancionados: tres con destitución, 18 con arresto, una inhabilitación, ocho cambios de adscripción y tres suspensiones; dichos servidores estaban adscritos a la Procuraduría General de Justicia, a la SSP o a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Respecto a las medidas de satisfacción, las indemnizaciones económicas como reparación del daño han tenido un impulso considerable, pues en el transcurso de este año, 47 víctimas, vinculadas a ocho recomendaciones, han recibido una indemnización económica.
Las autoridades que realizaron dichos pagos son la Procuraduría General de Justicia, así como las secretarías de Salud, de Seguridad Pública, de Gobierno, mediante la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, así como el Heroico Cuerpo de Bomberos.
Además, cinco víctimas aceptaron las propuestas de indemnización de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, la SSP y la PGJ y están a la espera de su pago.