Constitución capitalina garantiza justicia social

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Los logros en materia de justicia social y protección a grupos vulnerables quedaron garantizados en la primera Constitución Política de la Ciudad de México, aseguró el titular de la Sedeso, José Ramón Amieva Gálvez.

El funcionario capitalino dijo que otros derechos, como a la alimentación, a la educación, a la cobertura universal del agua, y a la transparencia en el acceso a los programas y los servicios sociales, también fueron plasmados en dicho documento.

Amieva Gálvez recordó que el gobierno local propuso, impulsó y acompañó el proceso de integración de la Constitución, cuyo texto enfatiza los compromisos para procurar el bienestar de niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de calle, víctimas de la violencia e integrantes de la comunidad diversa.

Indicó que los principios rectores previstos en el Artículo 3 de la norma señalan que la ciudad asume la responsabilidad de procurar la función social para garantizar el bienestar de sus habitantes, promoviendo un desarrollo económico sustentable, solidario, con la más justa distribución del ingreso y combatiendo la pobreza.

Mientras que entre los contenidos de mayor relevancia social que fueron incorporados a la Constitución capitalina se encuentran los previstos en el Artículo 9, Ciudad Solidaria, agregó el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) local.

Explicó que ahí se indica que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que progresivamente se erradiquen las desigualdades estructurales y la pobreza.

Además de promover el desarrollo sustentable que permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales.

Apuntó que en el Artículo 11, Ciudad Incluyente, la capital del país asume el compromiso de garantizar la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus garantías y libertades.

José Ramón Amieva dijo que “el jefe de Gobierno nos ha instruido a que junto con la Asamblea Legislativa trabajemos en la adecuación de las leyes secundarias para adaptar la aplicación de los programas sociales a los principios de la Constitución”.

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