La Ley Electoral de la Ciudad de México debe otorgar al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) facultades de investigación y de sanción para los servidores públicos y actores políticos que compren o condicionen los programas sociales al voto, propone la
diputada Aleida Alavez Ruiz.
Además, la nueva norma debe incluir los “candados” suficientes que acaben prácticas perversas no sólo de servidores públicos, sino de que los encargados de aplicar las normas las violenten en favor de algún partido político, demandó.
Para ello, debe privilegiar la participación ciudadana como instrumento de contención de malas prácticas, porque sólo con la vigilancia y denuncia de los capitalinos se podrán combatir y erradicar prácticas como el uso de los programas sociales para cooptar o comprar el voto.
Alavez Ruiz advirtió que la Ley Electoral que se discutirá en la Asamblea Legislativa debe establecer con claridad sanciones ejemplares contra servidores públicos que en lugar de vigilar que se respete, la violentan y contaminan los procesos electorales.
Detalló que aunque la ley actual prevé sanciones y procedimientos de denuncia, éstos son insuficientes para detener el derroche de recursos públicos en favor de los candidatos del partido que gobierne, ya sea la Ciudad de México o las delegaciones políticas.
Por ello se deben otorgar al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) facultades de investigación y de sanción para los servidores públicos y actores políticos que compren o condicionen los programas sociales al voto.
Explicó que a raíz de la reforma política, el IEDF sólo tiene facultades para organizar los procesos de participación ciudadana, como la elección de Consejos Ciudadanos y los presupuestos participativos; para ello cuenta con un presupuesto superior a los mil 200 millones de pesos en 2017, a pesar que este año sólo organizará la consulta para el presupuesto participativo.
Incongruencias como éstas deben ser subsanadas en la nueva Ley Electoral, porque el IEDF no puede ser un instituto ocioso y mero espectador de constantes violaciones a la ley, dijo.
Por ello, aseguró que propondrá dotar de “dientes” al Instituto para que dé seguimiento a todas las denuncias ciudadanas sobre irregularidades que se cometen en la víspera y durante los comicios electorales.
Agregó que serán pedirán una revisión puntual de las estructuras del organismo electoral y en su caso, suprimir aquellas que no sean indispensables, sobre todo en años no electorales.
Explicó que la promoción de los servidores públicos debe ser revisada a fondo y evitar lagunas que permitan el uso de los recursos públicos con fines electorales y que las áreas de comunicación social sean cuartos de campaña. Esta vigilancia se debe dar desde que el servidor público asume el cargo y no esperar hasta que manifieste su intención de postularse a algún cargo de elección popular.
Finalmente, buscaremos que el gasto público de los partidos políticos se reduzca en función de sus votos y no de representación artificial, tanto en los Concejos de las Alcaldías como en el nuevo Congreso debe prevalecer la voluntad de la ciudadanía sobre la alquimia electoral.