La movilidad es un tema fundamental en la agenda de los gobiernos y de las grandes urbes, advirtió la diputada Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario de morena, quien exhortó a las autoridades capitalinas a difundir una amplia campaña informativa sobre las prohibiciones y sanciones establecidas en el Reglamento de Tránsito.
En un Punto de Acuerdo leído en la tribuna de la Asamblea Legislativa, señaló que la finalidad de su propuesta es que el jefe de Gobierno y los secretarios de Movilidad y Seguridad Pública, así como los 16 jefes delegacionales lleven a cabo una campaña informativa sobre el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.
En tal sentido, Hernández Mora solicitó al secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida Estrada, actualizar la información de la página electrónica de la dependencia a su cargo, para hacer públicas las concesiones otorgadas a empresas particulares para la operación y servicio de grúas, así como el número de vehículos que cada día ingresan a los corralones.
Asimismo, demandó al secretario de Finanzas Edgar Abraham Amador Zamora, que, en un plazo máximo de 30 días, informe sobre los montos de recaudación derivados del arrastre y colocación de inmovilizadores de vehículos.
En la actualidad, explicó la diputada de morena, se han agudizado los conflictos viales por el mayor uso de automóviles y la escasa divulgación del Reglamento de Tránsito.
Recordó, al respecto, que el 15 de diciembre de 2015 entró en vigor el referido Reglamento, mediante el cual se modificaron algunas sanciones y ordenamientos, como el artículo 29, el cual establece que:
“Al estacionarse u ocupar la vía pública, se deberá hacer de forma momentánea, provisional o temporal, sin que represente una afectación al desplazamiento de peatones y circulación de vehículos, o se obstruya la entrada o salida de una cochera”.
Al presentar el punto de acuerdo, Citlalli Hernández aseveró que las autoridades han fallado en la labor de crear conciencia y difusión sobre el respeto a los espacios reservados y mantener una vialidad libre para la sana convivencia entre conductores y peatones.
Y recalcó que los contratos asignados a particulares dejan en claro que “los servicios de grúas obedecen más a un negocio privado, que a la misma seguridad pública en apoyo a la movilidad”.
En tal sentido, comentó que Excélsior publicó la protesta de operadores de grúas y mandos de la policía en contra de la concesionaria del servicio Oro Paez, S.A. de C.V, quienes revelaron que se les imponen “cuotas de encierro”. Y se les exige que arrastren a 25 vehículos.
El exceso de multas y sanciones no son viables en esta gran ciudad; más si se busca la disminución del uso del automóvil, agregó Hernández Mora, quien concluyó:
“No podemos tener una ciudad repleta de grúas, ni trabajar en función de cuotas; por el contrario, deben imperar criterios de movilidad, cultura vial y respeto entre la ciudadanía y las instituciones”.