El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó un punto de acuerdo por el cual se exhorta al Secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida Estrada, y al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido Osorio, a esclarecer y fincar responsabilidades sobre los autores de los actos de violencia perpetrados los días 10 y 16 de septiembre en contra de personas en situación de calle.
Al presentar la propuesta durante la sesión ordinaria del órgano legislativo, la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, Rebeca Peralta León, señaló que en la capital del país se registran actos de aporofobia, es decirodio, miedo y rechazo a las personas en pobreza pues en una semana se presentaron cuatro ataques a ciudadanosen situación de calle en el Centro Histórico de la ciudad.
El primero de ellos, agregó, fue el pasado 10 de septiembre en las calles Luis Moya y Delicias, donde un hombre fue agredido sufriendo quemaduras en las piernas, y posteriormente, en los primeros minutos de la madrugada del 16 de septiembre otras tres personas fueron agredidas y lesionadas por quemaduras.
Comentó que una de las víctimas, de nombre José Ramón Escobedo, de 43 años fue rociado con un solvente mientras dormía en la explanada del Teatro Blanquita, quien al percatarse de que le habían prendido fuego, corrió para intentar pedir ayuda hasta que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina lo auxiliaron y solicitaron de inmediato la atención médica. Los paramédicos determinaron que el hombre sufrió quemaduras de primero y segundo grados en un 35% de su cuerpo, dijo.
Comentó que otro ejemplo muy claro de aporofobia se presentó el mes de diciembre de 2016, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde un par de jóvenes rociaron con gasolina a una persona de 27 años de edad en situación de calle y posteriormente le prendieron fuego mientras dormía junto a una jardinera, el hombre fue atendido en un hospital público presentando quemaduras de primero y segundo grados.
En el punto de acuerdo, la diputada Rebeca Peralta también exhorta a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Perla Gómez Gallardo, para que acompañe las investigaciones y supervise el actuar de la SSP y la PGJCDMX autoridades responsables de hacer justicia a las personas agredidas.
En el exhorto se incluye a la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México,Jacqueline L'Hoist Tapia, para que siga el proceso a fin de evitar posibles actos discriminatorios en el mismo.
La legisladora por Iztapalapa afirmó que los prejuicios hacia las personas que viven en situación de calle a menudo pueden derivar enagresiones, insultos, violencia física, intimidación, robos o en el peor de los escenarios incluso pueden llegar a cobrar la vida de las mismas.
“Estas situaciones son en muchas ocasiones invisibles y poco denunciadas,y bajo la premisa constitucional de que todas las personas gozarán de los derechos humanos, así como de las garantías para su protección reconocidas en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades deben realizar las acciones tendentes a proteger jurídicamente a sus habitantes, incluidas las personas en situación de calle”, añadió.
Dijo que de acuerdo con el Censo de Poblaciones Callejeras 2017, realizado por la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, existen 6 mil 774 personas que viven en esta situación, de las cuales 4,354 se localizan en espacios públicos y 2,400 en albergues públicos o privados.
Del total, el 87.27% son hombres y 12.73% mujeres. Estos grupos son considerados vulnerables no solamente por la nula o precaria atención en los rubros de salud, educación y trabajo, sino también porque son discriminados y agredidos constantemente, finalizó.