Retirar la licencia a los Directores Responsables de Obra que se nieguen a emitir dictámenes gratuitos sobre las condiciones estructurales de edificios o casas dañadas en el sismo del 19 de septiembre y cuyos propietarios están viviendo en la calle, es uno de los propósitos de un punto de acuerdo aprobado en la sesión ordinaria de hoy de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
El diputado José Manuel Delgadillo consideró en la exposición de motivos de su propuesta que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda tiene que remitir a la ALDF un informe detallado que contenga el listado actualizado de los Directores Responsables de Obra, así como de los Corresponsables de Seguridad Estructural registrados.
Precisó el diputado Delgadillo la urgencia de conocer el nombre y el estado en que se encuentran los expedientes de este tipo de personal técnico porque, adujo, hay casos en que están inhabilitados o sancionados y siguen firmando y expidiendo dictámenes sobre edificios y casas dañadas por el terremoto del pasado mes.
Por el mismo tema, el diputado Raymundo Martínez Vite subió a la Tribuna para exponer que es una preocupación de padres de familia cuyos hijos asisten a escuelas que se ven notoriamente endebles y que, sin embargo, han recibido dictámenes favorables para continuar en activo.
“Los padres de familia nos han comentado que requieren tener estudios estructurales serios y confiables sobre la situación estructural de las escuelas para que los alumnos, maestros y personal administrativo de los planteles estén totalmente seguros durante sus actividades diarias”, aseveró.
A este punto de acuerdo se sumaron Beatriz Rojas Martínez, Francis Irma Pirín Cigarrero, Jesús Briones Monzón y María Eugenia Lozano.
En otro tema, el diputado Darío Carrasco Aguilar, en nombre del Partido Morena, presentó un punto de acuerdo para que el Gobierno de la Ciudad de México redefina la política de desarrollo urbano aplicada hasta ahora, en especial evitar la construcción de nuevos edificios de oficinas y viviendas en zonas de alto riesgo sísmico.
La propuesta, que fue aprobada de urgente y obvia resolución, incluye que la política de desarrollo urbano incluya la participación de ciudadanos afectados, empresarios, urbanistas, organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general, lo que daría seguridad y tranquilidad a los habitantes de la Ciudad de México, sobre todo, especificó, que no se especule con el suelo urbano.
Respecto de la ALDF el punto de acuerdo pide que en la definición y operación del Programa para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México se incluyan opiniones de la sociedad civil, estudios sobre nuevas construcciones, recuperación de terrenos y el abasto de agua que es un problema que se ha agudizado en la metrópoli, agregó el legislador.
Como parte de la sesión ordinaria de hoy, la diputada Beatriz Olivares Pinal fundamentó un punto de acuerdo a fin de solicitar a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal revise el protocolo que norma la actividad de las unidades dependientes de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.
Lo anterior ante las quejas de conductores sancionados por estas unidades y que consideran, dijo la legisladora, se les ha violentado su derecho de circulación porque supuestamente sus vehículos contravienen las normas ambientales.
Es por ello que se debe informar a la ALDF sobre los protocolos que aplican las unidades de inspección de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, solicitó la legisladora Olivares Pinal.