Con el objetivo de actualizar el marco normativo en los delitos que protegen el derecho de los integrantes de la familia a una vida libre de violencia, la diputada Penélope Campos González, del grupo parlamentario del PRD, presentó una iniciativa de modificación a los artículos 200, 200 bis, 201 y 201 bis del Código Penal dela Ciudadde México.
En su presentación detalló que actualmente el delito de violencia familiar se persigue por querella, salvo se actualicen las hipótesis que contempla la ley para su persecución por oficio, lo cual impide el actuar dela Procuraduría, lo que deja en algunos casos a los adultos mayores en un riesgo a su integridad.
La propuesta establece que al tratarse de adultos mayores, el delito de violencia familiar sea de persecución oficiosa, a fin de que se permita a la procuraduría actuar en todos los casos de violencia familiar de este grupo vulnerable para garantizar su seguridad y acordar las medidas de protección.
También se pretende equiparar a la violencia familiar y sancionar al que realice cualquier tipo de violencia física o psicoemocional en contra de niñas, niños y personas con discapacidad que estén sujetos a su custodia, guardia, protección, educación, instrucción o cuidado o quien tenga una relación de hecho, es decir, agregar a las niñas, niños y adolescentes, eliminando la temporalidad de 2 años que estaba prevista en el artículo 201 Bis del Código Penal.
Campos González consideró que a efecto de adecuarse a la modernización del nuevo Sistema Penal Acusatorio en esta Ciudad de México, se hace necesario dar paso a nuevas formas de organización y operación para la protección del bien jurídico que tutela el delito de la violencia familiar
La propuesta se turnó a la comisión de administración y procuración de justicia.
La diputada de Morena en la Asamblea Legislativa, Beatriz Rojas Martínez, anunció que mañana presentará ante el Pleno, una iniciativa para reformar el Código Penal local a efecto de armonizarlo con la legislación federal, en beneficio de las mujeres que habitan la Ciudad de México.
La legisladora sostuvo que de aprobarse, se incrementarían las penas al feminicida, pasando de la pena mínima de 20 años a 40 años, y de la máxima de 50 a 60 años.
Además, explicó Rojas Martínez, si el asesino mantuvo con la víctima “una relación sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad”, la pena mínima se incrementaría de 30 a 50 años y la máxima quedaría tal como se encuentra ahora, en 60 años.
Es importante que se incremente el castigo a los agresores pues la violencia feminicida es el extremo, es la culminación de múltiples formas de violencia de género hacia las mujeres, que atentan contra sus derechos humanos. Pero también es urgente, dijo la legisladora, que se castigue a las autoridades que con su negligencia permiten que se sigan cometiendo este tipo de crímenes.
Por ello propuso que, en armonía con el Código Penal Federal, se integren sanciones a las personas servidoras públicas que deliberadamente o por negligencia entorpezcan o retrasen la expedita atención a las víctimas. De esta forma, la iniciativa agregaría un párrafo al artículo 148 bis del Código Penal local que quedará como sigue”:
“A la persona servidora pública que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de diez a quince años y de mil quinientos a tres mil días multa. Además, será destituido e inhabilitado de diez a quince años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la administración pública estatal o federal”.
De esta manera, señaló la legisladora, se obligará a las autoridades a hacer justicia, pues en la Ciudad de México, del año 2012 hasta la fecha se han abierto sólo 237 carpetas de investigación por feminicidio, de un total de 576 mujeres asesinadas violentamente. Esto corresponde, precisó, a sólo 36 por ciento del total de los asesinatos de mujeres registrados en la capital del país, pues es a voluntad o de la Procuraduría o del Tribunal de Justicia CDMX, que los casos de feminicidio sean resueltos correctamente.
Rojas Martínez sostuvo que es necesario que esta iniciativa se considere como urgente en las comisiones de Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género, pues los feminicidios aumentan cada día. El año pasado, precisó, de acuerdo con el mapa de la geofísica María Salguero, se registraron 74 feminicidios, sin embargo, hasta este mes de octubre ya existe el registro de 54 feminicidios, alertó.
Estas cifras alarmantes, declaró la diputada de Morena, no sólo las decimos nosotros, el Observatorio Nacional del Feminicidio informó que, en sólo ocho meses, de noviembre de 2016 a junio de 2017, se cometieron 101 asesinatos violentos de mujeres en la Ciudad, pero en lugar de investigarlos y sancionarlos la Procuraduría clasificó los delitos como homicidios simples o suicidios, y de esos 101 asesinatos de mujeres, en 22 de ellos, el Ministerio Público decidió no ejercer acción penal, denunció la legisladora.
La legisladora concluyó que esta iniciativa no sólo busca castigar al feminicida, sino también a los servidores públicos pues las muertes violentas de mujeres son responsabilidad del Estado, un Estado que hasta la fecha, tolera los cada vez más alarmantes, casos de asesinatos de mujeres en la ciudad, tal como el que sucedió en Lindavista, en la delegación Gustavo A. Madero, donde una joven fue encontrada muerta en el closet de su pareja, quien hasta la fecha se encuentra en libertad.
Al respecto, el diputado Felipe Félix de la Cruz, consideró importante esta iniciativa, pues los hechos demuestran que los feminicidios se han incrementado de manera considerable en la capital del país.
No hay disposición de las autoridades para solucionar esta problemática, pues los mismos funcionarios del Ministerio Público convencen a las víctimas de no denunciar, señaló el legislador de Morena.
Por su parte, la diputada Flor Ivone Morales Miranda dijo que el castigo a los servidores públicos es urgente y necesario porque hasta el día de hoy tenemos una justicia flexible y poco sensible ante los feminicidios.
La legisladora de la bancada hizo un llamado a las Comisiones para que se sensibilicen y aprueben esta iniciativa que tanta falta les hace a las mujeres capitalinas.