La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México impuso 804 sanciones a igual número de servidores públicos de la administración capitalina,
tras la conclusión de investigaciones y procedimientos en el periodo que va del 1 de junio al 31 de agosto de 2018.
En 71 casos se dio una sanción económica, cuyo monto en conjunto asciende a 131 millones 599 mil pesos.
En un comunicado, la dependencia dijo que se trata del tercer bloque de personas servidoras públicas sancionadas este año, reporte periódico de la dependencia respecto de resoluciones disciplinarias en la administración pública capitalina.
De ella se desprende que 549 sanciones correspondieron a servidores públicos de dependencias, 184 de delegaciones y 71 de entidades.
Por tipo de sanción, 115 recibieron apercibimiento o amonestación; 601, suspensión hasta por 180 días; dos, destitución; 64, inhabilitación hasta por 11 años; y a 22 se les impuso tanto la destitución como inhabilitación hasta por 10 años.
Cabe mencionar que la estadística de sanciones comenzó a reportarse en esta modalidad a partir de la gestión del actual titular de la Contraloría, Eduardo Rovelo Pico, sumando a la fecha quince bloques.
Entre 2017 y agosto de 2018, el acumulado arroja cuatro mil 770 funcionarios sancionados: dos mil 866 de dependencias y órganos desconcentrados, mil 45 de delegaciones y 539 de entidades.
En 249 casos (cinco por ciento) se determinó aplicar sanción económica, cuya sumatoria asciende a 728 millones de pesos; en tanto que siete de cada cien casos (336 en total) fueron inhabilitados desde tres meses hasta por 20 años.
En todos los casos se han cumplido las etapas procesales de radicación de expedientes de investigación, notificación de inicio de procedimiento administrativo disciplinario, desahogo de la audiencia de ley (ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas y alegatos) y emisión de la resolución administrativa.
El reporte periódico de los procedimientos administrativos disciplinarios contra quienes realizaron actos contrarios a la normatividad contribuye al ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.