La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, informó
que este organismo ha dado seguimiento puntual a las quejas que se han emitido en el caso que enfrentan miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos de la capital del país.
En entrevista al término de la firma de un Convenio de Colaboración con el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, reveló que “no hay quejas de manera directa hacia el líder sindical de bomberos, Ismael Figueroa.
"Las quejas van hacia un sistema institucional, y ahí es donde hemos mantenido un acompañamiento para garantizar que se atiendan las violaciones a los derechos que han sufrido quienes de forma engañosa habrían sido contratados en plazas que no existen", expuso.
Aclaró que desde el año pasado la Comisión emitió una recomendación al haber muchas circunstancias incluidas, y que han derivado en situaciones de violencia generalizada, partiendo desde situaciones de acoso, despidos y contrataciones irregulares y que han generado muchas vulnerabilidades en esta institución.
Al respecto, el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Félix Arturo Medina Padilla, recordó en entrevista con los medios que las supuestas 330 plazas que generaron el problema no existían toda vez que “no había suficiencia presupuestal”.
Agregó que tampoco fue creado ningún programa de contratación ni se contaba con la autorización por parte de la Subsecretaría del Capital Humano, además de que este año tampoco se contemplaron recursos porque no son parte del programa anual.
Recordó que hay una investigación abierta por parte de la Contraloría General, a la que se ha sumado la contraloría interna del cuerpo de bomberos, luego de que se argumenta que parte de estos bomberos están trabajando desde octubre del año pasado.
Desde octubre pasado, dijo, la contraloría emitió un acuerdo para detener cualquier trámite y gestión de contratación de cualquier trabajador, “lo que sorprende al gobierno actual es que desde octubre existe una disposición de la contraloría que no permite ni la gestión de la contratación ni la contratación y por tanto cualquier actividad que hayan realizado fue al margen de cualquier contrato”.
Por lo mismo, explicó que no tienen un sueldo y no son servidores públicos “y por ello se conversó con ellos que no existe la posibilidad de que se les vaya a pagar”.
Explicó que derivado de las mesas donde también estuvo presente la Comisión de Derechos humanos se les informó esta situación y la mayoría dijo no conocer que había una investigación por parte de la Contraloría.
Dijo que tampoco sabían que existía esta limitante para la contratación “y se dijeron sorprendidos y entendieron al gobierno de la ciudad en que no puede haber retroactitividad y que haya una eventual revisión de caso por caso, como se acordó con eso”.
Aseguró que derivado de la investigación de la contraloría se van a desprender acciones, aunque todavía no se emite la resolución final, y en cuanto se emita podría haber acciones como dar vista al ministerio público y aplicar o hacer apertura a procesos de investigación por la probable responsabilidad de servidores públicos encontrados.