· La Ciudad de México forma parte por vez primera del Constituyente
Permanente federal
· El pleno del Congreso local aprobó reformas a los artículos 22 y 73 de la Constitución Federal, en materia de extinción de dominio por corrupción, extorsión y robo de hidrocarburos
· Desde 1824, la capital no participaba en la aprobación de modificaciones a la Constitución
En una sesión histórica, el Congreso de la Ciudad de México avaló por primera vez una reforma constitucional federal para modificar los artículos 22 y 73 de la Carta Magna en materia de extinción de dominio.
Con su voto en favor de la minuta con proyecto de decreto enviada por el Congreso de la Unión, el Congreso capitalino forma parte después de casi 200 años del constituyente permanente federal, establecido desde 1824.
El dictamen, aprobado en forma unánime por los legisladores de las distintas fracciones parlamentarias, establece reformas al artículo 22 y la sección 30 del artículo 73, lo que permitiría al Estado retirar la propiedad de inmuebles por delitos de corrupción, extorsión y robo de hidrocarburos, entre otros ilícitos.
Al fundamentar el dictamen, presentado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Administración y Procuración de Justicia, el diputado Nazario Norberto Sánchez, presidente de la primera, destacó que por primera vez la Ciudad de México tiene voz y voto en las grandes decisiones del país, como corresponde al federalismo mexicano y su régimen democrático.
“Lo que se hizo fue algo histórico, ya que por primera vez en la Ciudad de México, a raíz de la reforma política y la emisión de su nueva Constitución, ha pasado a formar parte del proceso aprobatorio de las reformas a la Constitución Federal, ha pasado a tener voz y voto en las grandes decisiones de este país”, expresó el legislador integrante del grupo parlamentario de MORENA.
Norberto Sánchez explicó que con esta reforma se busca fortalecer la figura de extinción de dominio, lo que permitirá al Estado perseguir con más fuerza actos delictivos y recuperar bienes y activos financieros obtenidos mediante conductas ilícitas; “implica facultar eficientemente al Estado para perseguir con fuerza los bienes de origen ilícito y atacar medularmente la propiedad de tales bienes”.
Indicó que esta reforma constitucional establece nuevos delitos sobre los que procederá la extinción de dominio, como delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, encubrimiento, investigaciones derivadas sobre hechos de corrupción, delitos cometidos por servidores públicos, extorsión y recursos de procedencia ilícita, entre otros. “Estos delitos no se contemplaban en el texto constitucional, que seguirá manteniendo las hipótesis como delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito”, dijo.
“Esta reforma constitucional hace ambas cosas. Propone dotar de mayores armas al combate a la delincuencia y, al mismo tiempo, mayor certeza a los ciudadanos de que sus derechos serán respetados bajo un procedimiento civil y conceptualmente distinto al de la rama penal”, aseguró.
Por su parte, el diputado Eduardo Santillán Pérez, titular de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, recordó que por primera ocasión desde 1824 la Ciudad de México participa del proceso de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Este es un tema trascendental porque el día de hoy por primera ocasión ejercemos nuestro derecho a modificar el texto constitucional federal, una de las principales limitaciones que había tenido la Ciudad de México desde 1824. El día de hoy, por lo tanto, hay un avance fundamental”, señaló el legislador de MORENA.
Estableció que la figura de la extinción de dominio es un instrumento legal que pretende que todos aquellos bienes o propiedades que hayan sido obtenidos a través de la comisión de conductas ilícitas, sean recuperados por el Estado mexicano y que se evite el aprovechamiento de estos bienes por quienes han cometido ilícitos.
“Por ello es que el día de hoy, Fray Servando Teresa de Mier, que fue el principal defensor en 1824 de los derechos de la Ciudad de México y de los derechos políticos de sus habitantes, hoy sin lugar a dudas debe de estar alegre, debe de estar satisfecho porque por primera ocasión la República le reconoce sus derechos a la Ciudad de México y le hace justicia política a sus habitantes”, concluyó.
Al destacar que el Congreso de la Ciudad de México está a punto de ser parte de un acontecimiento histórico, la diputada Teresa Ramos Arreola (PVEM) señaló que la “nueva figura de extinción de dominio abona de manera importante al combate al crimen organizado, contra los hechos de corrupción”. Agregó que los cambios planteados resultan indispensables para la construcción de un mejor México con ciudades, pueblos y barrios más seguros y tranquilos para las familias mexicanas.
“Hoy debemos estar a la altura de tan alta responsabilidad, hoy el Congreso se erige en Constituyente permanente y lo hace con un proyecto importante”, consideró el legislador Guillermo Lerdo de Tejada (PRI). Expuso que las reformas aprobadas permitirán precisar y fortalecer la figura de extinción de dominio como medida para enfrentar de manera decida un conjunto de delitos que lastiman a la sociedad mexicana.
El diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD) mencionó los tres puntos de acción en los que se concentran las reformas a los artículos 22 y la fracción 30 del artículo 73 constitucionales: “La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo de tipo penal, la ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio y el tercer punto es que será procedente en bienes de carácter patrimonial cuya procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de diferentes hechos”.
La legisladora Leonor Gómez Otegui (PT) consideró que la recuperación de activos fruto de los ilícitos mediante la figura de la extinción de dominio coadyuvará para que las instituciones de salud y seguridad apoyen de manera directa y eficaz a las víctimas del delito. Además, con la aprobación de la minuta enviada por el Congreso de la Unión “se da un paso fundamental hacia la consolidación de una adecuada regulación de la extinción de dominio con la finalidad de disminuir la capacidad operativa de los delincuentes, salvaguardando en todo momento los derechos patrimoniales de las personas que se consideran afectadas”.
En tribuna, el diputado Diego Orlando Garrido, del Partido Acción Nacional (PAN), indicó que después de más de un siglo y 234 decretos, por primera vez el Congreso de la Ciudad de México podrá intervenir en una reforma a la Constitución federal. “Por fin los capitalinos serán escuchados gracias a la Reforma Política de la Ciudad de México”.
Al referirse al dictamen, el congresista aseguró que ésta aportará elementos suficientes a la autoridad para combatir delitos de alto impacto social, y detalló que ahora la exención de dominio se ejercerá por el Ministerio Público, además de que se suman delitos como: corrupción, encubrimientos, extorsión, recursos de procedencia ilícita y delitos en materia de hidrocarburos.
“Con esta reforma la legalidad, seguridad jurídica y el debido proceso se fortalecen; ahora el ciudadano contará con procedimientos ágiles y transparentes, sin corrupción e impunidad. Se le está otorgando al gobierno federal herramientas sofisticadas para combatir a la delincuencia organizada sin pretexto alguno. Ahora los recursos procedentes del crimen organizado podrán ser invertidos en la reparación del daño para todas las víctimas de estos delitos”, aseguró el legislador de Acción Nacional.
Durante su posicionamiento en nombre del Grupo Parlamentario de MORENA, el diputado Carlos Hernández Mirón aseguró que con la aprobación de la reforma de extinción de dominio, el Congreso local está haciendo historia y marca un precedente para las y los ciudadanos de la capital del país, “quienes tienen la posibilidad de opinar a través de nosotros”.
Al hablar de la reforma constitucional, planteó que ahora los recursos obtenidos por la incautación de bienes de procedencia ilícita podrán reintegrarse a la sociedad y servir en su beneficio. “Esta reforma propiciará el recomponer el tejido social lastimado por la delincuencia y el combate a la corrupción.
El Congreso de la Ciudad de México se ubicó como el Congreso local número 12 que avala esta reforma a la Constitución federal, que requiere la aprobación de 17 Congresos locales para quedar firme.