El diputado Ricardo Ruiz (MORENA) solicitó agotar todos los medios de investigación en indagatorias para investigar a las autoridades de la anterior administración
El pleno del Congreso capitalino aprobó una proposición con punto de acuerdo, presentada por el diputado Ricardo Ruiz Suárez, para exhortar a las personas titulares de la Unidad Financiera de la Secretaría de Hacienda y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que agoten todos los medios de investigación en las indagatorias sobre lavado de dinero, evasión fiscal y todos los actos ilícitos en los que se encuentren involucrados ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México.
“Estamos en un momento muy importante, donde efectivamente se está llevando a cabo este planteamiento de tolerancia cero y de cero impunidad. Si hay evidencias, si hay elementos para proceder contra funcionarios de la administración pública federal y local anteriores, se está procediendo y se va a proceder, no hay ninguna persecución política, hay una necesidad de hacer justicia, una necesidad de que este clamor de la ciudadanía para que no haya impunidad realmente se lleve a cabo”, aseguró el legislador del grupo parlamentario de MORENA
“Lo importante ahora es que se desarrolle esta investigación, que se llegue a fondo y creo que es lo menos que este Congreso puede pedir, puede exhortar a que se llegue a fondo en estas investigaciones, y creo que para llegar a fondo en consecuencia algunos funcionarios, uno de ellos particularmente que se ha mencionado en diferentes momentos y me refiero, quiere nombres, me refiero al senador Miguel Ángel Mancera, que es senador y se le ha mencionado ya en dos investigaciones”. En este sentido, exhortó al senador a pedir licencia.
En contra del punto de acuerdo, el diputado Víctor Hugo Lobo Román, del grupo parlamentario del PRD, pidió que las investigaciones incluyan tanto a las autoridades pasadas como a las actuales, y aseguró que el PRD “es el único partido que nunca ha cobijado asuntos de corrupción”.
“En el PRD vamos por la legislación, porque se respete el estado de derecho, se revisen siempre los procedimientos conforme marca la ley y simplemente decir que estamos de acuerdo en que este, de anteriores administraciones como de las actuales se combata en todo sentido cualquier acto de corrupción”, solicitó.
En favor del punto de acuerdo, la diputada Guadalupe Chavira, de MORENA, solicitó que se auditen las cuentas públicas de la Ciudad de México. “Saquearon a la ciudad, dejaron a la ciudad tristemente y las cuentas públicas van a hablar por sí solas”, dijo, y sugirió al anterior Jefe de Gobierno pedir licencia para que avancen las investigaciones.
Por su parte, el diputado Jorge Triana Tena, del PAN, planteó las posibilidades de solicitar un juicio político o un juicio de declaración de procedencia, por ser las figuras jurídicas adecuadas para poder ejercer acción penal, ya que como exhorto no tiene eficacia jurídica.
“Entonces estos son los canales jurídicos que tenemos que seguir, tenemos que presentar una denuncia de carácter penal ante la Fiscalía General de la República, tendrá que hacer toda la integración de la carpeta de investigación la Fiscalía, intentar hacer, ejercer acción penal, solicitar retirar la inmunidad a la Cámara de Diputados para que en consecuencia le puedan retirar el fuero al senador Miguel Ángel Mancera como se está solicitando”, sugirió.
El diputado Ricardo Fuentes Gómez recordó que el único juicio de procedencia que sí procedió fue por un legislador de MORENA “que renunció justamente porque sí procedía, que es el diputado Chairez y renunció porque sí procedían en este caso y ya se había tomado la decisión, es del partido que tiene el Poder Ejecutivo y no hubo una consideración como la hubo en un montón de carpetas de investigación que sí debió de haber procedido el juicio de procedencia, pero no porque el gobierno en el poder los protegía”.
Esta proposición con punto de acuerdo, que fue considerada de urgente y obvia resolución, se aprobó, por lo que se remitió como un exhorto a la Unidad Financiera de la Secretaría de Hacienda y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.