Ciudad de México, 20 de octubre 2020, - En el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, se presentó la iniciativa para reformar el Código Penal local y sancionar con cuatro años de prisión el acoso sexual cuando se cometa en espacios públicos y en el transporte público.
La diputada Ana Cristina Hernández Trejo, del grupo parlamentario de MORENA, impulsó esta propuesta al considerar que uno de los fenómenos más frecuentes de violencia e inseguridad es el acoso sexual en la vía pública y medios de transporte.
Al presentar la iniciativa en la sesión ordinaria virtual del Congreso local, Hernández Trejo argumentó que estas conductas afectan a personas de ambos géneros, pero más a las mujeres y atentan contra la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, por lo que se propone aumentar la pena y sancionar hasta con cuatro años de prisión dicha conducta; actualmente la norma señala que es de 1 a 3 años la sanción.
“Si bien, el Código Penal local vigente contiene en su artículo 179 el tipo penal de acoso sexual, es necesario establecer un agravante respecto al acoso sexual en espacios públicos y medios de transporte, con la finalidad de garantizar una movilidad más segura y poder transitar de forma libre por las calles de la ciudad, además de hacer uso del transporte público sin que el acoso callejero sea un problema para las y los ciudadanos”, aseguró.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen.
En la sesión de este martes, el diputado Ricardo Ruiz Suárez, de MORENA, presentó una iniciativa que plantea ampliar la protección de las víctimas de violaciones de derechos humanos por actos imputables al Estado.
El congresista detalló que la propuesta contempla incluir como causas que ameriten la reparación del daño o indemnización a las víctimas, la detención arbitraria, el retraso injustificado o inadecuada administración de justicia en los procesos penales.
“Con ello armonizaríamos nuestra ley con lo establecido en la Constitución Política local, así como lo dispuesto en tratados internacionales”.
El proyecto será analizado y dictaminado por la Comisión de Atención Especial a Víctimas.