A fin de evaluar el impacto económico, social y ambiental, en pro de un verdadero desarrollo sustentable de nuestro país, es urgente revisar a fondo la propuesta de proyecto de construcción del nuevo Aeropuerto Internacional, afirmó Miriam Saldaña Cháirez, Presidenta de la Comisión de Vivienda de la ALDF.
Por ello solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), un informe de las acciones estimadas para prevenir y mitigar el impacto negativo que causará la construcción del aeropuerto, sobre el medio ambiente.
La legisladora señaló que es reducida la información de las implicaciones que conllevará este proyecto para el medio ambiente y para la dinámica de desarrollo urbano de la zona, la cual se encuentra cerca del Lago de Texcoco.
La existencia de espacios naturales protegidos, así como de escasos biotopos de gran tamaño e interdependientes, debería constituir un criterio suficiente para excluir determinados emplazamientos, cuando no haya posibilidades de establecer un equilibrio o de crear espacios naturales sustitutos, aseguró la diputada.
En 2001, el Gobierno Federal solicitó al Programa Universitario de Medio Ambiente de la Universidad Nacional Autónoma de México la evaluación de las opciones de construcción de un aeropuerto en Texcoco; los expertos señalaron que se había soslayado la importancia de los impactos ecológicos sobre las 20 especies de aves y especies de mamíferos y reptiles, encontrados bajo alguna categoría de amenaza en ese lugar, informó, Saldaña Cháirez.
La construcción de un aeropuerto exige un considerable movimiento de tierras y la disposición de los materiales de construcción necesarios. El deterioro ambiental que se produce, debe limitarse mediante una correcta planeación, señaló.
CUADRO
La construcción de una nueva terminal aérea generará beneficios, que van desde mejores servicios para los usuarios hasta el impulso de una mayor competitividad y desarrollo económico para el país.
Sin embargo, los impactos económicos, sociales y ambientales, deben someterse a una deliberación pública, la cual permita evaluar el proyecto y señalar los riesgos que deberán ser atendidos por las autoridades competentes.
Fuente: Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Centro de Transporte Sustentable y el Instituto Mexicano para la Competitividad.