Edmundo Olivares Alcalá
En algunos de los mercados públicos del Distrito Federal se tiene detectada la presencia de verdaderas mafias, que por medio de amenazas de muerte obligan a los locatarios a entregar una cuota semanal, y al mismo tiempo impiden el rescate y modernización de esos centros de abasto.
Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), y federales del PRD, solicitaron la intervención de la PGJDF y de la SSPDF para que investiguen y procedan en contra de dichos grupos delincuenciales.
Los diputados federales Carlos Augusto Morales y Carlos Reyes Gámiz, así como los asambleístas Esthela Damián, Efraín Morales y Daniel Ordóñez, aseguraron que durante los recorridos que han realizado por esos sitios, se percataron de la existencia de grupos de personas que mantienen atemorizados y en completa zozobra a los locatarios.
“La agresión es su forma de presionar a las autoridades en aras de dejar todo como está, de impedir cualquier proyecto orientado a modernizar los mercados y hacerlos competitivos, mientras los locatarios desean su pronta recuperación”, resaltaron.
Los legisladores del PRD citaron como ejemplo el caso de Jesús Gamboa Reyes, alias “El Carnicero”, líder de un grupo de golpeadores y pseudocomerciantes que opera en el mercado “Jamaiquita”, en la delegación Iztapalapa, y quien a través de la violencia busca impedir la puesta en marcha de programas de modernización en ese centro de abasto.
Lo señalaron como el principal responsable de la agresión que sufrió el diputado Carlos Reyes Gámiz, durante un encuentro que sostuvieron en días recientes con comerciantes de la zona y el director General de la CEDA, Julio Serna Chávez.
“El Carnicero intimida y amenaza a los comerciantes, además de que se beneficia de las cuotas por los servicios de sanitarios, estacionamientos y franeleros. Autoriza, registra y cobra los cambios de giro, cesiones y sucesiones de derechos, construcciones y ampliaciones, además de que tiene tomados espacios físicos propiedad del Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de Abasto, a fin de venderlos, rentarlos o reasignarlos”.
Afirmaron que más de 500 locatarios pidieron la intervención de la Cámara de Diputados y de la Asamblea Legislativa para emprender el rescate del mercado “Jamaiquita”, “llamado al que respondimos tras considerar que lo más importante es que los comerciantes laboren en un mercado digno, seguro, que haya orden y que no por esas mafias se detengan los planes de mejoramiento”, indicaron.
Señalaron que “Jamaiquita” ha funcionado durante aproximadamente 28 años de manera informal y sin administración, lo cual provocó que el padrón original casi se triplicara e incrementara la inseguridad.
“El crecimiento irregular de construcciones empleadas como viviendas ha facilitado la proliferación de la delincuencia y de giros negros en la zona. Además de que en materia de protección civil, el mercado está considerado de alto riesgo debido a que los locales están construidos de material combustible como láminas de cartón y madera, las instalaciones de gas son inapropiadas, no se cuenta con equipo de extinción de incendios ni señalización de rutas de evacuación, sin olvidar que todos los pasillos están obstruidos total o parcialmente”.
Adelantaron que “Jamaiquita” será el modelo operativo y jurídico para detonar el rescate de los mercados públicos y de las zonas urbanas donde se encuentran, “es una excelente oportunidad para crear un mercado tipo, que sea una prueba piloto para la rehabilitación y modernización de este tipo de espacios en el Distrito Federal”, dijeron.