La diputada Laura Ballesteros Mancilla hizo un llamado a la Comisiones de Derechos Humanos del Distrito Federal y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que emitan una recomendación al gobierno Federal y al gobierno del Distrito Federal ante la falta de protocolos de atención y coordinación en marchas y manifestaciones, para evitar detenciones arbitrarias y violación a los derechos humanos como las registradas el pasado 20 de noviembre tras la marcha por los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La secretaria de la Comisión de Derechos Humanos denunció que hace más de dos años el gobierno federal inició mesas de trabajo con el gobierno local para firmar estos protocolos, sin embargo, hasta la fecha no ha sucedido. Los cuales marcan los pasos y la coordinación de ambos gobiernos, antes, durante y después de las marchas.
Subrayo que más de 50 organizaciones civiles y activistas defensores de derechos humanos hicieron un pronunciamiento: “El sistema de justicia no debe de ser utilizado para inhibir la protesta social y se debe garantizar el derecho a la libre reunión y asociación pacífica”.
Desde su punto de vista, la denuncia de las organizaciones “es resultado de la falta de estos protocolos que llevan más de dos años pendientes y que hoy son los responsables de que no exista una adecuada observancia a los derechos humanos para quienes se manifiestan e incluso para quienes hoy han sido detenidos con razón o sin ella”.
La también integrante de la comisión de Movilidad de la ALDF consideró que mientras no haya compromiso, coordinación y capacitación real entre el gobierno local y el gobierno federal para atender las marchas, “seguiremos siendo testigos de detenciones arbitrarias, violaciones a los derechos humanos y abuso del poder por parte de la policía capitalina”.