Derivado de la Recomendación 51/14 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México ejercitó acción penal en contra de siete de sus
policías ministeriales, tras acreditar su probable responsabilidad en el delito de tortura a víctimas sobrevivientes del caso Tlatlaya.
El Juez de Control del Distrito Judicial de la capital mexiquense, concedió orden de aprehensión en contra de cuatro agentes en activo, que fueron ingresados al reclusorio de Almoloya de Juárez, donde un Juez determinará su situación legal.
La dependencia mexiquense detalló que de las investigaciones realizadas hasta el momento, "se desprenden datos de prueba suficientes para establecer que servidores públicos habrían maltratado física y psicológicamente a las tres víctimas (V-23, V-24 y V-25, según la recomendación de CNDH), con el propósito de obtener información sobre las 22 personas que perdieron la vida en los hechos registrados en Tlatlaya".
Sin embargo, a un año de la presunta masacre de 22 personas en el municipio mexiquense de Tlatlaya por parte del Ejército mexicano, y la complicidad de funcionarios estatales durante la investigación de los hechos, el gobierno de Eruviel Ávila Villegas señaló su investigación "no ha arrojado elementos suficientes para establecer la actuación dolosa de servidores públicos que procesaron el lugar de los hechos".
En un comunicado apuntó que "la investigación continúa y, de ser el caso, se deslindarán las responsabilidades de carácter penal que correspondan, (pero) es importante aclarar que la PGJEM tuvo a su cargo la indagatoria iniciada por los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya por un espacio no mayor a 72 horas, actuando en todo momento en auxilio del Ministerio Público de la Federación".