Un caso de negligencia médica y discriminación por parte de las autoridades penitenciarias del Estado de México desembocó en la amputación de una mano a un interno en el penal “Juan Fernández Albarrán” de Tlalnepantla.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) confirmó esta anomalía y emitió la recomendación 23/2015 dirigida a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (DGPYRS) por este hecho.
Las investigaciones del organismo defensor además permitieron establecer que una doctora insultó y negó el servicio al interno, bajo el argumento de que no tenía ningún derecho por ser delincuente.
Este trato, consideró la Codhem, es indigno y discriminatorio, pues si bien por ley las personas sentenciadas pierden algunos derechos por un tiempo determinado, conservan otros que deben ser protegidos y salvaguardarlos, entre ellos el derecho a la salud.
La Comisión determinó que fueron vulnerados los derechos al trato digno, la no discriminación, integridad personal, a la salud y al debido proceso.
Durante una pelea entre internos, uno de ellos resultó lesionado del brazo derecho, quien a pesar de ser revisado por cinco médicos que corroboraron una posible fractura, nunca le fue proporcionada la atención médica requerida.
También se detectaron omisiones en el llenado de las notas clínicas y tardío traslado a un hospital de mayor capacidad resolutiva por la supuesta falta de ambulancia, de tal manera que cuando fue referido a un nosocomio después de varios días, le tuvieron que amputar la mano.
La Codhem recomendó a la dependencia establecer convenios con alguna unidad hospitalaria, a fin de cumplir con el Procedimiento de Traslado de internos para audiencia y definitivos, y evitar la denegación médica.
También pide observar la Norma Oficial Mexicana del expediente clínico para considerarlo como protocolo de estudio obligatorio en la investigación clínica.
La recomendación determina brindar atención psicológica y un tratamiento rehabilitador para que la persona afectada pueda acceder a una prótesis; e impartir cursos sobre derechos humanos al personal del Centro Preventivo.
Al considerar que la disputa entre los dos internos no generó reporte de vigilancia, se pidió instaurar el debido procedimiento para aplicar sanciones en caso de infracciones disciplinarias por parte de internos y personal.
Además solicitó remitir al titular de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC) copia certificada de la recomendación para agregarla al expediente iniciado, a fin de sustentar la resolución y posibles sanciones por las omisiones de los servidores públicos y personal de salud.