La compañía OHL comunicó ayer en México que el 23 de octubre fue notificada, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de una serie de procedimientos sancionadores en contra del consorcio de origen español y de algunos de sus directivos
(no dieron nombres o cargos).
Según Infraiber, la empresa que desde enero ha emprendido una campaña mediática y jurídica en contra de OHL México, si la CNBV aplica la ley se trataría del principio del fin del abuso en que habría incurrido OHL, a la que acusa de violar la normatividad no sólo porque impidió a Infraiber instalar un sistema independiente de aforo vehicular (conocido como SIVA) en las carreteras que tiene concesionadas, sino por manipular fraudulentamente los estados financieros que presenta ante la Bolsa Mexicana de Valores.
Por su parte, OHL asegura que auditorías externas le dan la razón y que el caso se irá dilucidando tanto ante la CNBV como, eventualmente, en tribunales mexicanos.
Estamos ante un importante episodio de la pugna que se volvió mediática no en enero, cuando Infraiber mandó publicar en la prensa desplegados donde señalaba supuestas trampas contables de OHL, sino en mayo, cuando se conocieron audios filtrados de manera anónima en los que los más altos directivos de la empresa constructora hablan sobre cómo se pasan de listos y meten goles al gobierno del Estado de México.
En los audios también se escucha a funcionarios del Edomex limosnear por unas vacaciones (fue el caso de Apolinar Mena, que tras el escándalo salió de la secretaría de Comunicaciones sólo para ser rescatado meses después en otro puesto), y lo mismo se aprecia cómo funcionarios mexiquenses y federales se someten a los designios y estrategias de directivos de OHL, incluyendo una reunión con Enrique Peña Nieto y el secretario Ruiz Esparza en Los Pinos.
En medio de todo este embrollo una circunstancia permanece clara: en lo que se dilucida la legalidad de los estados contables de OHL, los ciudadanos que cotidianamente pagan autopistas concesionadas ni siquiera tienen la certeza de que algún día dejarán de financiar de su bolsillo tales vialidades, hechas y operadas en el sistema de concesión. Esto porque el gobierno del Estado de México no cuenta, hoy por hoy, con un sistema independiente de monitoreo de esas concesiones, y por ende no se puede saber si las cuentas que reportan los operadores privados de esas vías son o no reales.
Es como si los gasolineros, famosos por no dar litros de a litro, supieran que no existe la Profeco (ya sé que algunos dirán que para lo que a final de cuentas sirve la Procuraduría Federal del Consumidor, pero esa es otra cosa).
Más aún. Es como si el mayor operador de gasolineras del Edomex además tuviera la atribución, por una graciosa concesión del gobierno, de cobrar 50 centavos a cada auto para supuestamente verificar que cumple con la norma. Eso hace hoy OHL. Una chulada.
Así que la actuación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hace parecer aún más abúlico al gobierno de Eruviel Ávila, que en este caso debe muchas explicaciones.
Hoy lo único claro es que la administración de Eruviel renunció a montar un sistema de monitoreo independiente –con Infraiber que ya tenía un contrato al respecto o con otra empresa–, para conocer al detalle cuánto ingresan los concesionarios. Sólo por mencionar a OHL: esa empresa tiene la concesión del Circuito Exterior Mexiquense, un complejo carretero de 110 kilómetros, y se “autovigila” solita.