Varias comunidades indígenas y de organizaciones civiles y del magisterio del Estado de México acusaron de la “complicidad” a entidades e instituciones gubernamentales, empresas constructoras e inmobiliarias para concretar el despojo de su territorio, agua
y bosques, en medio de una creciente criminalización de la protesta social.
En el foro “Personas Perseguidas y Presos Políticos en el Estado de México”, señalaron que esta realidad de hostigamiento y represión del movimiento social que se vive en la entidad mexiquense “es el reflejo de lo que ocurre en todo el país”.
Pobladores y dirigentes de organizaciones las comunidades en Xochicuautla, Coyotepec, San Pedro Tlanixco, Apaxco, Atenco, Huitzizilapan y del magisterio disidente, entre otros, relataron sus respectivas luchas en torno a la defensa de sus comunidades, ante decretos expropiatorios del gobierno mexiquense, o de autoridades municipales para apropiarse de la administración de agua.