El gobierno del Estado de México hizo públicas este martes las sanciones a 30 funcionarios estatales —nueve de los cuales fueron destituidos— por no actuar correctamente en el caso Tlatlaya, en el que 22 supuestos criminales murieron a manos del ejército en 2014.
Más de 50 funcionarios de esta región aledaña a la capital, donde tuvieron lugar los hechos en junio de ese año, estaban bajo investigación por supuestos abusos o encubrimiento de lo ocurrido en una bodega de Tlatlaya donde, según el ombudsman mexicano, militares ejecutaron extrajudicialmente al menos a una docena de presuntos delincuentes después de que se hubieran rendido.
Israel Montoya, el encargado del departamento de auditoría interna del Estado de México, informó el martes que los sancionados son miembros de la fiscalía estatal, y entre ellos hay algunos elementos de mando, policías investigadores y peritos en criminalística, medicina forense y fotografía. Se les acusa de omisiones en el cumplimiento de sus funciones.
Montoya no aclaró quiénes eran los nueve funcionarios destituidos e inhabilitados, y dijo que algunas de las otras sanciones consisten en suspensión del empleo y el sueldo durante 30 días. Asimismo, añadió que otros 22 servidores públicos están bajo proceso.
El 30 de junio de 2014 el ejército informó de la muerte de 22 presuntos delincuentes en un supuesto enfrentamiento en una bodega de Tlatlaya, una comunidad del Estado de México. Sólo un soldado resultó herido y tres mujeres sobrevivieron.
Un día después de los hechos, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, felicitó públicamente al ejército por su "valiente" y "contundente" actuación al rescatar a tres personas que estaban secuestradas y lamentó que un soldado resultara herido al actuar en legítima defensa.
Sin embargo, surgieron contradicciones sobre esa versión, y tras investigaciones propias la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que hubo al menos una docena de ejecuciones extrajudiciales.
Dos de las supervivientes, que en un principio fueron consideradas víctimas de secuestro, fueron encarceladas durante un tiempo por posesión de armas y denunciaron haber sido torturadas cuando estuvieron detenidas. Ellas dijeron que investigadores y policías del Estado de México las torturaron y las obligaron a defender la versión que mantenían de que todos los sospechosos habían muerto durante un enfrentamiento con el ejército. En julio de 2015, la fiscalía estatal acusó formalmente a siete policías por torturas a las tres mujeres que salieron con vida del ataque. Hasta el momento no hay información sobre el proceso contra esos agentes, ni si han sido condenados ya o no.
En un principio siete soldados fueron acusados, pero con el paso del tiempo los jueces los liberaron.