La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DDHH) instó al Congreso del Estado de México a modificar a la brevedad y con plena participación de personas e instituciones expertas, así como de organizaciones de la sociedad civil, el contenido de la llamada Ley Atenco, para adaptarla a los estándares internacionales en la materia.
Asimismo, el organismo internacional saludó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucionales cinco artículos de dicha ley, eliminando, entre otras, la previsión que permitía el uso de la fuerza pública como un primer recurso, en concordancia con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, que deben regir siempre sobre cualquier decisión en relación al uso de la fuerza.
El Representante en México de ONU-DH, Jan Jarab, expresó que “aunque en la discusión de la Suprema Corte no se alcanzó la mayoría suficiente para declarar inconstitucionales otros artículos que son violatorios de las normas internacionales de derechos humanos, resulta esencial que éstos sean también revisadas por los legisladores mexiquenses.
Indicó que en la Ley Atenco hay disposiciones cuya falta de precisión y claridad otorga a los encargados de su aplicación una discrecionalidad tal que podrían restringir la libertad de expresión o abrir las puertas a un uso excesivo de la fuerza.
Asimismo, la ONU-DH exhortó al Congreso del Estado de México a aprovechar esta oportunidad para integrar en la ley disposiciones ausentes y que resultan esenciales para garantizar un marco jurídico adecuado como la prohibición explícita de armas letales en contextos de manifestaciones públicas, el establecimiento de procedimientos de sanciones claros sobre responsabilidades, en particular a superiores jerárquicos, y el establecer claridad sobre los niveles en el uso de la fuerza y uso de armas letales de conformidad con el principio de proporcionalidad.