Toluca.- La circulación de unidades irregulares, cierres de carreteras y manifestaciones de diferentes grupos sociales afectan el desempeño del transporte público, dijo el delegado de la Canapat en el Estado de México, Odilón López Nava.
El dirigente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) en el Estado de México, puntualizó que esas condiciones también afectan otros sectores económicos.
Consideró que “difícilmente podremos salir adelante si no se tiene respeto al estado de derecho, sin la seguridad jurídica. Porque los camiones ilegales operan con toda impunidad, como en el caso del transporte colectivo que es ilegal y que condicionan las formas de prestar un servicio”.
A pesar de que los empresarios inviertan en el cambio de unidades, la capacitación de los choferes y los demás compromisos con el gobierno estatal para elevar la calidad del servicio, se encuentran condicionados financieramente al crecimiento del transporte ilegal.
Explicó que los dueños de las líneas de transporte deben adquirir endeudamientos de hasta 80 por ciento del total de la inversión, para mejorar la flotilla de vehículos.
“Sin embargo, existe otro sector que va en crecimiento y son las unidades piratas y al que la autoridad no le ha puesto un freno”, lamentó.
Opinó que el riesgo económico en que se encuentran las empresas del ramo deriva de factores como el aumento de insumos, los costos de operación, el aumento de combustibles, impuestos y la paridad del peso frente al dólar que encarece la compra de equipo de trabajo, los autobuses y nueva la tecnología.
“Prácticamente todo se debe y para salir responsablemente de ello los empresarios tienen que ser muy prudentes en el manejo de sus finanzas”, declaró.
Por lo que el riesgo es latente, ya que el sector se encuentra en la inestabilidad porque no saben lo que ocurrirá en adelante, además en el territorio estatal cada vez es más frecuente la aparición de vehículos particulares o taxis concesionados haciendo un servicio de transporte no autorizado.
Afirmó que esa competencia desleal demanda servicios, pero no coopera con el gasto público y sólo aporta conflictos.