Toluca, Méx.- Durante la inauguración de la Unidad de Atención al Derechohabiente del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios ISSEMyM, con una inversión de más de 11 millones de pesos, que atenderá a 27 municipios. El gobernador Eruviel Ávila Villegas dio a conocer que envío a la Legislatura local una iniciativa de ley al Código Penal del Estado de México, para sancionar con seis a 10 años de prisión a quien tolere, permita, facilite, trafique o introduzca equipos electrónicos de comunicación, radiocomunicación, telefonía celular, drogas o enervantes, dinero, armas y cualquier objeto prohibido a los Centros Preventivos y de Readaptación Social.
La iniciativa propone castigos de ocho a 13 años de cárcel para aquellos servidores públicos que participen en esta práctica, y solicitará a los concesionarios de redes públicas que, con base en el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, cancelen las señales de telefonía celular dentro del perímetro de los penales o centros de internamiento, con el objetivo de combatir la extorsión. Señaló que la participación ciudadana es relevante, mediante su denuncia, consideró que con la estrategia del gobierno federal, la participación del estado y de los municipios, se habrán de reducir los índices delictivos.
El mandatario mexiquense dijo que la mayor parte de las llamadas para extorsionar salen de los centros de readaptación social del país, e hizo un llamado a la población para que no haga caso a este tipo de llamadas y a denunciar, porque es el segundo delito que se reporta con más frecuencia en el país, mencionó que esta acción se suma a otras estrategias diseñadas para combatir delitos de alto impacto como las reformas a la ley para que quienes roben con violencia o extorsionen en la entidad, con penas de 40 a 70 años de cárcel o prisión vitalicia.
Eruviel Ávila también realizó un llamado urgente a las autoridades municipales para que asuman la responsabilidad que les corresponde en temas de seguridad pública, pues aseguró que la Constitución Política obliga a los tres órdenes de gobierno a trabajar para combatir a la delincuencia, y apliquen las sanciones a los elementos policiacos que no aprobaron los exámenes de control de confianza y a impulsar estrategias coordinadas con la administración estatal en esta materia, independientemente de las establecidas por el Mando Único.