Toluca, Méx.- Al signar el Convenio General de Colaboración con el director general de la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra (CORETT), Jesús Alcántara Núñez, el rector de la Universidad autónoma del Estado de México, Jorge Olvera García afirmó que la vinculación de las instituciones de educación superior -como la UAEM - con asuntos prioritarios para el país garantiza el éxito de las acciones emprendidas por las diferentes instancias del Estado.
En la Sala “Benito Juárez García” del Edificio de Rectoría, donde se dio cita el delegado de la CORETT en el Estado de México, Ricardo Loyola Cantú, Olvera García sostuvo que al vincularse con los sectores público, privado y social, la Autónoma mexiquense “cumple con la responsabilidad social que le fue encomendada, para posicionarse como una institución consultora en materia de políticas públicas que respondan a las necesidades de los mexicanos”.
En este marco se anunció la próxima transformación del órgano federal a Instituto de Suelo Sustentable, el rector expresó que mediante una probada calidad académica multidisciplinaria, como la que protagoniza la UAEM, es posible otorgar certeza y coherencia a las propuestas institucionales.
Al reconocer a la CORETT por continuar su labor a favor de la tenencia de la tierra, a través de iniciativas innovadoras, indicó que el establecimiento de convenios de acuerdo con las prioridades de la agenda gubernamental, constituye el cumplimiento de metas que no podrían ser alcanzadas sin un trabajo conjunto.
Al respecto, Jesús Alcántara Núñez resaltó que con la signa de este instrumento legal se fortalecerán los compromisos asumidos por el órgano federal, mediante la experiencia y compromiso que caracteriza a la comunidad de la Máxima Casa de Estudios mexiquense y que le permite ser referente nacional de diversas colaboraciones con instancias de los sectores público, privado y social. Afirmó que la CORETT se transformará, con el propósito de brindar certidumbre jurídica a las más de siete millones de familias mexicanas que no cuentan con una regulación legal de su vivienda, de las cuales, aproximadamente un millón corresponde