Durante el Noveno Periodo Extraordinario de Sesiones, que presidió la diputada Martha Elvia Fernández Sánchez, fue avalado el dictamen que aprobó y adicionó artículos en materia político- electoral e integró propuestas del PRD y del PAN, así como del titular del Ejecutivo estatal y coordinadores de Grupos Parlamentarios, apegándose al Pacto
Federal sin contradecir la esencia de la reforma recientemente aprobada por el Congreso de la Unión.
De acuerdo con el documento remitido a los 125 ayuntamientos mexiquenses para recabar su voto como integrantes del Constituyente Permanente local, los procesos para las elecciones de gobernador, diputados locales y miembros de ayuntamientos, se realizan a través del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Estado de México, autoridad en la materia.
La ley correspondiente determinará las facultades y atribuciones que en materia de candidaturas independientes y de consulta popular tendrá el Instituto; La Legislatura estatal se renovará en su totalidad cada tres años y los diputados podrán ser electos de manera consecutiva hasta por cuatro periodos. Los miembros de los ayuntamientos durarán en sus funciones tres años y podrán ser reelectos, de forma consecutiva, por un periodo similar.
En sus transitorios señala que esto será aplicable para quienes sean electos a partir del proceso electoral de 2015. La coalición de partidos podrá ser total, parcial o flexible y deberá formalizarse, mediante convenio por el cual no podrá existir transferencia o distribución de votación entre los partidos coaligados. Al partido político que no obtenga al menos tres por ciento de la votación válida emitida en la elección para gobernador o diputados, le será cancelado el registro.
El Instituto contará con un órgano de dirección superior, integrado por un consejero presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto, designados por el Consejo General del INE. Durarán en su cargo siete años y no podrán ser reelectos. Se integrará también un representante de cada partido político y un secretario ejecutivo, que será nombrado por el Consejo General.
Entre otros puntos se acordó que al Tribunal Electoral le corresponderá por ejemplo, resolver de forma definitiva e inatacable las impugnaciones en contra de los actos y resoluciones del Instituto Electoral estatal a través de los medios establecidos en la ley de la materia. También se establece el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a elegir representantes ante los ayuntamientos.