En la pasada entrega en estas páginas editoriales quedé de abordar un tema que es preciso discutir en nuestro país y en particular el Estado de México: la pobreza no es sinónimo de delincuencia.
Ante el desolador panorama nacional de la delincuencia organizada y desorganizada y el horizonte heredado por las pasadas administraciones federales, ese escenario social que nos muestra que no hay respuestas fáciles ni fórmulas mágicas. Sin embargo la administración encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto deja muy en claro que la lucha frontal contra la inseguridad a nivel nacional no es solamente un asunto de más y mejores fuerzas de seguridad, se trata de un problema cuyos matices son variados: trata de blancas, narcotráfico, extorción a inmigrantes, derechos de piso, tráfico de personas, robo de automotores, contrabando, entre otros. Las distintas variantes de quienes delinquen, son innumerables y hacer una “guerra” contra el crimen organizado, como en el pasado reciente, es atender sólo un lado del problema.
En este sexenio se comenzó por reconocer diversos problemas de manera frontal, así se está atendiendo a la pobreza, con las políticas públicas plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 y que están en consonancia en las resientes reformas estructurales aprobadas y promulgadas por el Presidente, donde se busca dar un rostro social a cada decisión. Pero criminalizar a la pobreza, o señalar que por la pobreza se delinque es no ajustar a su dimensión el fenómeno de la delincuencia.
Los signos delincuenciales cambian conforme al desarrollo de las sociedades y a la historia de cada pueblo. La dinámica social resulta de una tensión entre orden y desorden, el Estado de Derecho y la violación flagrante y, que posiblemente hay una desproporción entre violencia real y violencia representada en los medios que estigmatiza a la pobreza como signo de delincuencia. No por ser pobre, se es delincuente, hay que dejarlo claro. Los especialistas en criminología han argumentado que el fenómeno de la delincuencia de carácter multicausal, donde convergen distintos factores y que no son únicos propios de cada población y que ejercen las distintas clases sociales y diversos sectores socioeconómicos, del país y de nuestro Estado.
Fenómenos políticos, administrativos, de procuración, de justicia, sociales, económicos y familiares convergen en la conducta delincuencial y que no sólo la ejercen las capas de población pobres, ni es exclusividad de los jóvenes. Cuya población es víctima de signos que la estigmatizan, como vestir de una manera, pensar o hablar de una forma, lo que genera un efecto dominó que llega a influir en el aparato de procuración, impartición de justicia y de gobernabilidad que termina convirtiéndose en un tobogán.
Desde estás paginas que albergan la discusión de ideas, se plantea la necesidad de no criminalizar la pobreza, de sumarnos a la cultura de la prevención, de fomentar el respeto a los valores y principios de Estado de Derecho. De ejercer la voz con el mismo derecho de escuchar y ser entendidos. La pobreza no es más que un fenómeno social que se ataca con políticas públicas reales, frontales y enérgicas, tal como se está haciendo a nivel federal y en particular en el Estado de México.
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