El Gobierno del Distrito Federal publicó la Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia, que establece las bases para articular programas, proyectos y acciones tendientes a prevenir la comisión de delitos, instrumentando las medidas para evitar su realización y promoviendo la participación ciudadana.
El diseño, implementación, evaluación y supervisión de las políticas públicas en materia de prevención social estarán a cargo de un Consejo integrado por el jefe de Gobierno, como su presidente; el presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, el titular del Tribunal Superior de Justicia local, y el procurador capitalino, como secretario Ejecutivo.
El Consejo se encargará de elaborar y aprobar, en un plazo máximo de seis meses, el Programa Preventivo que articula las estrategias institucionales y líneas de acción del gobierno y las delegaciones que inciden en la prevención social del delito y la violencia.
Así como de aprobar las políticas, programas, estrategias y acciones que deberá instrumentar la Administración Pública local para la prevención y fomentar la participación ciudadana y comunitaria en la prevención del delito en la ciudad, entre otras funciones.
Del Consejo que se reunirá de manera ordinaria cada tres meses, también formarán parte el coordinador General del Gabinete de Gobierno y Seguridad Pública, y los secretarios de Gobierno, de Seguridad Pública, de Desarrollo Social, del Trabajo, de Educación, de Transportes y Vialidad, de Salud y de Turismo.
Además de los titulares de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, y del Instituto de la Juventud del Distrito Federal, además de los 16 jefes delegacionales, que tendrán la representación de los Consejos Delegacionales.
El documento establece que se fomentará la organización de los ciudadanos y los órganos de representación para que participen en la planeación, diseño, evaluación, ejecución y seguimiento de las políticas públicas vinculadas con la prevención social del delito y la violencia.
Para asegurar la intervención activa de la comunidad en las diferentes tareas que implica la implementación de las políticas de prevención, así como reforzar la cultura de la legalidad, el Consejo estimulará la organización y participación de la ciudadanía.
La prevención del delito y la violencia involucrará los ámbitos social: que comprende la reducción de los factores y condiciones sociales, que fomentan el desarrollo de conductas delictivas; el comunitario: que comprende la participación ciudadana y comunitaria en acciones tendientes a establecer las prioridades en esta materia
Así como los ámbitos situacional: que consiste en modificar el entorno para eliminar las condiciones que facilitan la victimización y la percepción objetiva y subjetiva de la inseguridad; y el psicosocial que busca incidir en las motivaciones individuales respecto de condiciones delictivas o de violencia, con referencia a los individuos, la familia, la escuela y la comunidad.
El decreto publicado en la Gaceta Oficial establece que formarán parte de la política de prevención, los programas, estrategias y acciones del gobierno y delegaciones, vinculadas a la seguridad pública, procuración de justicia, economía, trabajo, educación, cultura, derechos humanos y desarrollo social.