La impartición de justicia con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos es una oportunidad para corregir y crear nuevos equilibrios institucionales y de carácter social, a través de mecanismos de mejora de la propia justicia.
La titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, dijo que si bien hay un reconocimiento normativo de los derechos económicos, sociales y culturales en la Constitución, existe una distancia entre esta normatividad y su plena vigencia en la realidad.
Precisó que con la reforma al Artículo 1 Constitucional, todos los Poderes de la Unión, en sus diferentes niveles, han tenido que establecer en su trabajo el enfoque de derechos humanos, lo que ha implicado un esfuerzo institucional para adecuar las tareas al precepto marcado por la Carta Magna.
Gómez Gallardo aseguró que en este nuevo contexto, detonado por la reforma constitucional de 2011, los tribunales deberán enfrentar cada día asuntos cuyas resoluciones implicarán necesariamente esta nueva perspectiva en materia de derechos humanos.
Ahora, juezas y jueces deberán resolver casos en los que se manejen conceptos como el derecho al agua, a la alimentación, a la vivienda, a la educación, al salario digno, al medio ambiente adecuado y a la cultura, aseveró.
Además, la presidenta de la CDHDF sostuvo que los juzgadores “tendrán que hacer referencia con más asiduidad a los tratados internacionales y a las observaciones generales aprobadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.
Esto plantea retos cada vez más amplios para el sistema de justicia, pues al garantizar y hacer valer estos derechos, deberán reconocerse no sólo sus contenidos mínimos, sino también las medidas de reparación y mecanismos que aseguren la no repetición, subrayó.
Gómez Gallardo destacó que ello se debe llevar a cabo “observando la no discriminación y considerando nuevas figuras como el interés legítimo y las acciones colectivas, que ofrecen nuevas vías de exploración jurisdiccional”.
Insistió en que esto tendrá importantes consecuencias “que pueden volverse ejemplos en el sistema de justicia y en la generación de la nueva jurisprudencia”, que implicará novedosos argumentos basados en elementos sustantivos en las reformas constitucionales de amparo y derechos humanos.
La titular de la CDHDF agregó que trabajar y resolver para materializar que todos los derechos cuenten con las garantías que hagan efectiva su aplicación, es un trabajo que debe ser impulsado y en el que sociedad y tribunales deben participar.