Los presuntos grupos de choque que ocasionaron los disturbios registrados el pasado 20 de noviembre en la Plaza de la Constitución, así como en manifestaciones recientes, deben ser investigados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aseguró el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez.
El legislador anunció que presentará una propuesta con punto de acuerdo para ser remitido al Ombudsman federal, toda vez que civiles han recibido un trato de delincuentes por parte de la policía, por el solo hecho de ejercer su derecho constitucional de manifestarse pacíficamente, mientras grupos desconocidos, presuntamente entrenados como grupos de choque, han originado estos desmanes y la violencia, al enfrentarse con elementos policíacos.
Integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, Robles Gómez advirtió que estos hechos evocan las manifestaciones estudiantiles de 1968, donde se privó a los jóvenes de todos sus derechos, y les fue enviada la fuerza pública, además de grupos de personas que solo acudían para cometer actos para desestabilizar el movimiento.
“Todo parece indicar que estos grupos azuzan la violencia y causan actos vandálicos, con el objeto de legitimar métodos de represión estatal contra las protestas, como fue claramente observable en los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971”, aseguró.
Y observó que, pareciera coincidente que al llegar 2012, se reeditan prácticas que entendíamos dejadas en el pasado, el método de los halcones se asemeja a los grupos de choque, presentes desde la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, el 1º de diciembre de 2012.
Robles Gómez refirió las pruebas presentadas en diversos medios digitales y divulgados en redes sociales en donde se muestra que uno de estos grupos, el que transgredió el cerco que protegía el palacio legislativo de la Cámara de Diputados, y debido a ese connato de violencia hubo represión contra la manifestación pacífica de organizaciones sociales y del movimiento #YoSoy132, que derivó en más de 100 detenciones.
También causaron el incendio de una unidad Metrobús en Ciudad Universitaria y la quema del Palacio Nacional el pasado 20 de noviembre, en el marco de las protestas recientes de las acciones globales por Ayotzinapa, resultando 11 personas detenidas, la mayoría estudiantes.
“Hay indicios que sugieren que estos grupos están involucrados con el gobierno, y solo se infiltran en las manifestaciones para propiciar disturbios y hacer posible la represión de la fuerza pública a las manifestaciones pacíficas, usando las mismas estrategias”, comentó.
Robles Gómez concluyó que se trata de un asunto grave, pues vulnera los principios constitucionales y la libertad de manifestarse de forma pacífica, por ello la CNDH debe salvaguardar esos derechos y proceder a investigar.