Vecinos, asociaciones civiles y representantes de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México presentaron, con el respaldo del grupo parlamentario de morena ante Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, los primeros amparos para suspender el proceso de dictaminación del Programa General de Desarrollo Urbano que lleva a cabo la Asamblea Legislativa.
Pedimos la suspensión del programa y que se le regrese al jefe de Gobierno, porque se violó de manera flagrante el derecho de los pueblos y barrios originarios a ser consultados sobre el destino de sus comunidades, advirtió Gustavo García Arias, uno de los abogados de los ciudadanos promoventes.
Nos basamos, agregó, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual México es firmante, así como en el artículo 133 de nuestra Carta Magna.
García Arias agregó que se trata de un amparo indirecto en contra de la omisión del jefe de Gobierno al no llevar a cabo la consulta a pueblos y barrios originarios, así como de la Asamblea Legislativa, porque aceptó una iniciativa que no cumplió con el procedimiento requerido.
Por tanto, indicó, los amparos son contra Miguel Ángel Mancera, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, la secretaria de Gobierno y contra las comisiones de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa.
En compañía de los diputados de morena, José Alfonso Suárez del Real y David Cervantes Peredo, María Camelia Retiz Peralta, originaria del pueblo de La Candelaria en Coyoacán, quien presentó un amparo de carácter individual, advirtió que como integrante de un pueblo originario demanda a las autoridades que cumplan con su obligación de consultar a sus habitantes.
Y reiteró que la consulta debió hacerse ante de la elaboración del Programa General de Desarrollo Urbano.
Los ciudadanos lamentaron, asimismo, que la administración capitalina apoye de forma incondicional a las grandes inmobiliarias, que con sus obras afectan la traza ancestral de los barrios y los usos y costumbres de las comunidades. Y demandaron al jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, así como a los diputados encargados de la elaboración del dictamen, entre quienes sobresale Margarita Martínez Fischer, de Acción Nacional, presidenta de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la inmediata suspensión del dictamen.
Al respecto, el diputado de morena, José Alfonso Suárez del Real, aseguró que hizo falta el consentimiento informado de la ciudadanía, pues aunque las demás bancadas ponen de pretexto al Consejo de Desarrollo Urbano Sustentable, lo cierto es que ni este organismo, ni ninguna otra dependencia capitalina llevaron a cabo la consulta exigida por la ley.
El legislador David Cervantes Peredo insistió, a su vez, en que ante la falta de consulta, las comisiones dictaminadoras tenían la obligación de regresar la iniciativa al jefe de Gobierno, pero como no lo hicieron, el proceso de dictaminación es ilegal.
Por tanto, subrayó, esperamos que la ciudadanía gane los amparos para que se apliquen, por fin, los criterios que señalan las constituciones local y federal y se respeten los derechos de los pueblos y barrios originarios.