Grafitear en edificios públicos y privados debe ser delito de carácter patrimonial y multado con trabajo comunitario, planteó hoy el diputado local del PAN, Gonzalo Espina Miranda.
“Se trata de un acto de respeto a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y se tiene que castigar aquellas conductas que afecten la propiedad pública o privada”.
El presente instrumento, dijo, no constituye a la criminalización de la libertad de expresión o de la manifestación de las ideas, sino a respetar y salvaguardar nuestro patrimonio para las siguientes generaciones.
“Si no se refuerza el marco jurídico fortaleciendo al derecho como instrumento de regulación de conductas, respeto entre esferas jurídicas, promotor del civismo y constructor de la paz social en la Ciudad de México, estaremos dañando cada vez a nuestra sociedad”.
Espina Miranda detalló que esta iniciativa busca reformar el Código Penal local a efecto de considerar el trabajo comunitario como reparación al daño en el espacio público.
El delito de daño a la propiedad es del fuero común, esto significa que tiene una repercusión directa en el bolsillo de las personas jurídicas de carácter público o privado que poseen bienes muebles o inmuebles en la Ciudad de México.
Como antecedente, expresó que en el 2015, el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Puebla, presentó una iniciativa que incluía como delito de prisión oficiosa la pinta sin autorización del patrimonio público y privado en aquella entidad.
Se establece la prisión como sanción o bien, trabajo comunitario o la reparación del daño como opciones para que el infractor fuese castigado.
La Unidad Graffiti de la SSP CDMX ha detectado cerca de ocho mil grafiteros en la ciudad, siendo afectadas de manera ilegal siete de cada 10 construcciones en la capital del país; las delegaciones con mayor presencia de grafiteros son: Álvaro Obregón, Gustavo A Madero, Iztacalco e Iztapalapa.
Hoy la sanción para un grafitero está prevista en el artículo 26 fracción VI de la Ley de Cultura Cívica local, la cual establece una multa de 20 unidades de cuenta de la Ciudad de México, es decir, mil 500 pesos aproximadamente.
Para la puesta en vigor de la legislación penal que se propone no se contempla la prisión preventiva oficiosa como en Puebla, esto dadas las limitaciones que el Código Nacional de Procedimientos Penales impone.
“Los diputados de Acción Nacional buscamos fomentar el respeto entre vecinos y a la propiedad; así como salvaguardar el patrimonio histórico y cultural de la Ciudad”, dijo en la Tribuna.