Con el propósito de otorgar capacitación a las personas para que adquieran más habilidades en el desarrollo de oficios productivos, que se traduzca en un mejor desarrollo para sus familias y las comunidades, la diputada Elizabeth Mateos
propuso crear la Ley para el Crecimiento Social Sostenido de la Ciudad de México.
La iniciativa busca cambiar la tradicional política social asistencialista y dar paso a un esquema que empodere a los habitantes, mediante su capacitación que les garantice mejores condiciones de desarrollo, a través de alianzas con la Academia, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas.
Se promoverá el derecho a la capacitación, administración, emprendimiento y actividades sociales y culturales, además del acceso a tecnologías sociales e insumos para que se puedan desarrollar los conocimientos adquiridos.
La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), dijo que el esquema establece el derecho a cursos y tallares que enriquezcan habilidades y permitan mejores condiciones de vida para las familias.
Mateos Hernández presentó ante la ALDF el proyecto de decreto que garantiza una nueva legislación sustentada en los principios de universalidad, igualdad, equidad social, justicia distributiva, integralidad, transparencia y efectividad.
La norma pretende convertir en ley el Programa Crecimiento Social Sostenido de la Ciudad de México y beneficiar a los derechohabientes de programas sociales y mujeres en situación de vulnerabilidad, para que detonen sus habilidades y conocimientos adquiridos en oficios productivos.
Se establece que cuando los beneficiarios cumplan las primeras dos etapas podrán integrarse a grupos solidarios con asesoría, para acceder a los instrumentos de apoyo en la integración de proyectos que detonen un impacto positivo en barrios, pueblos y colonias.
Además, serán objeto de un sistema de seguimiento para evaluar resultados y su efectividad, así como el establecimiento de mecanismos de oportunidad para mejorar.
Corresponderá a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México establecer las acciones de coordinación con organismos, asociaciones e instituciones que garanticen el cumplimiento de cada una de las etapas.
El ordenamiento garantizará también que la información de la población beneficiada quede a buen resguardo en apego a las disposiciones de confidencialidad que prevén las leyes de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas y de Protección de Datos Personales de la Ciudad de México.
Para aquellos servidores públicos que trasgredan las disposiciones, se establecerán sanciones por actos u omisiones al violentar, infringir, incumplir o contrariar lo dispuesto, de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.