Las denuncias por delitos sexuales en el ámbito laboral en 53 dependencias federales, organismos autónomos y en universidades públicas aumentaron en 987.5
por ciento al pasar de 24 casos en 2013 a 237, en 2015, debido al desinterés de los funcionarios públicos, que en su mayoría, se prevé, ignoraron la implementación de Protocolos para Prevenir Discriminación, Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual en todos los centros de labores como quedó establecido en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 2016.
En ese sentido, la diputada Ana Juana Ángeles Valencia exhortó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que en el ámbito de sus facultades solicite a las Secretarías de Gobernación, de la Función Pública (SFP) y al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) el avance en la implementación de Protocolos para Prevenir Discriminación, Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual en todos los centros de trabajo a cargo del gobierno Federal donde labora personal femenino originario de la Ciudad de México.
Manifestó que es urgente que las autoridades de las 53 dependencias federales, organismos autónomos y de universidades públicas implementen los comités de ética y de prevención de conflictos de interés, prevenir y atender las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual, derivados del establecimiento de Protocolos de Atención Específicos y Especializados que signaron la SFP e INMUJERES
También consideró necesario implementar e intensificar “los cursos (que) en materia de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual para la Sensibilización, Capacitación o Formación de sus recursos humanos, de manera progresiva, sin perjuicio de las acciones que al efecto establezca cada Dependencia o Entidad” derivados de la firma del Convenio de Colaboración suscrito el 9 de marzo de 2016, por las dependencias antes señaladas.
Hizo notar que en la última década, en México, mujeres trabajadoras han presentado 780 denuncias por acoso, hostigamiento sexual y laboral, las cuales en su mayoría terminan archivadas, con sanciones mínimas como suspensión de días de trabajo, amonestaciones verbales en privado, reubicaciones del agresor y disculpas a la persona agredida.
Recordó que con base en informes del Comité de Seguimiento a Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual o Laboral del Instituto Nacional Electoral (INE), se reportó el aumento de esa conducta y que en 2014, se recibieron 33 denuncias y que en 2016 aumentaron a 143 y que del total, sólo 16 casos fueron sancionados y de ellos, se registraron dos destituciones de funcionarios.
Abundó que con base en estos documentos, el INE es el órgano federal que más quejas ha recibido, con 420 acusaciones, seguido de la Policía Federal, con 75 quejas, mientras que la Universidad Nacional Autónoma de México, suma 35 y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 32.
Lamentó que el dictamen de una denuncia por acoso sexual presentada el 26 de enero de hace tres años en la Cámara de Senadores sólo quedara en un simple regaño, en amonestación privada.
Destacó que las denuncias por acoso sexual no son sólo hechas por mujeres y señaló que en la Dirección General de Estadísticas Económicas del INEGI, en 2016, un trabajador se quejó de ser víctima de amenazas, extorsión telefónica, vulgaridades, burlas, insinuaciones y peticiones de connotación sexual por parte de varios compañeros de trabajo y lamentó que el resolutivo por parte del organismo concluyera como improcedente.
Hizo notar que de enero de 2010 a octubre de 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recibió 13 denuncias por acoso sexual, de las cuales dos trabajadores resultaron responsables, quienes ya no se presentaron a laborar, sin detallar si fueron despedidos o reubicados a otra área de labores.
Subrayó que los casos señalados son sólo algunos ejemplos de los que se llegan a denunciar y que es necesario investigar para conocer todos los casos que no son denunciados por que las víctimas temen ser agredidas físicamente, humilladas o ser despedidas.