Ante el compromiso de brindar a los habitantes de la Ciudad de México oportunos servicios médicos, instalaciones de calidad y salvaguardar el derecho a la salud de
mujeres durante la etapa de embarazo, la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) avaló distintos puntos de acuerdo en la materia.
Desde Tribuna el diputado Tomás Noguerón Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena, solicitó al Jefe de Gobierno y al titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, rindan un informe a este Órgano Legislativo para conocer las acciones que se han emprendido en atención a la recomendación 7/2017 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que aborda la violencia obstétrica.
Al argumentar el punto de acuerdo, el legislador dijo que se debe garantizar a las mujeres su derecho a la vida reproductiva desde el inicio de la etapa gestacional hasta el parto, por lo que la Ley General de Salud en su capítulo V obliga a brindar la protección materno infantil y la promoción de la salud materna en las instituciones, tanto públicas como privadas, incluyendo atención psicológica, así como la atención del niño y la vigilancia de su crecimiento.
Cabe destacar que la Recomendación 7/2017 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hace referencia a cinco casos que ilustran y contextualizan la violencia obstétrica, detallando la inadecuada atención médica en agravio de mujeres embarazadas que requirieron servicios de salud pública en la Ciudad de México durante el parto y el puerperio, además establece que se vulneró su derecho a la integridad personal y, en su caso, su derecho a la vida.
En otro punto de acuerdo, el diputado Felipe Félix de la Cruz Ménez, también de Morena, exhortó a la Secretaría de Finanzas capitalina libere el presupuesto necesario para que los Centros de Atención Médica de la Secretaría de Salud, cuenten con los materiales de curación e insumos hospitalarios necesarios para brindar servicios dignos a los capitalinos, principalmente en turnos de fin de semana y nocturnos.
El legislador también exhortó a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, administradora del Seguro Popular, investigue las razones que impiden a beneficiarios tengan acceso a una cobertura universal en el Hospital General La Villa, toda vez que presenta un déficit en el abastecimiento de insumos mínimos para realizar curaciones.
No obstante, la Secretaría de Salud local tendrá que emprender una campaña que oriente a la ciudadanía respecto de los alcances del Seguro Popular y qué hacer cuando no se tengan los recursos suficientes para la atención oportuna, digna y decorosa.