El Congreso local solicitó al jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, ordenar una moratoria urbana y detener trámites de construcción para grandes proyectos hasta
que se defina la nueva política de desarrollo inmobiliario de la Ciudad de México.
El punto de acuerdo presentado por la bancada de Morena y aprobado por el pleno en sesión ordinaria, señala que la medida debe ser acatada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) a fin de apoyar a los 16 alcaldes a implementarla.
Al exponer la propuesta, la legisladora María de Lourdes Paz explicó que la Constitución local establece obligaciones para las autoridades y limitaciones para el desarrollo de obras con base en criterios de sustentabilidad y sujetándose al interés público.
“El Gobierno de la Ciudad de México debe declarar una moratoria urbana para impedir que continúen los grandes desarrollos inmobiliarios que han facilitado las actividades lucrativas para unas cuantas personas, a cambio de la afectación de los derechos de una gran cantidad de habitantes de esta capital”, expuso,
Paz Reyes calificó de preocupante la declaración del secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, respecto a que el impacto económico de la industria de la construcción hace inviable declarar una moratoria urbana en la capital del país.
Aclaró que la propuesta no pretende frenar el desarrollo de la Ciudad de México, pues éste debe ser constante, sino revisar las normatividad, procedimientos administrativos y criterios de operación de la autoridad en materia de planeación, desarrollo urbano y construcción de vivienda.
“Antes de continuar con el desarrollo inmobiliario que ha facilitado el lucro para unas cuantas personas a cambio de la afectación de terceros”, aclaró.
Asimismo, consideró indispensable que el Poder Legislativo local impulse acciones coordinadas y ejerza sus funciones de fiscalización de las autoridades administrativas.
Ello, apuntó, con el fin de garantizar que el crecimiento urbano sea ordenado, con apego a la ley, a los instrumentos de planeación, las normas de uso de suelo y en cumplimiento de los procedimientos aplicables.
La moratoria urbana implica la suspensión de los términos para recibir y resolver trámites relacionados con la materia inmobiliaria, específicamente para cambios de uso de suelo y expedición de licencias de construcción.
En el documento se indica que durante la administración, a cargo de Miguel Ángel Mancera, se agudizó el problema del crecimiento urbano desordenado, originado por la falta de planeación, las violaciones recurrentes a las normas y restricciones de los usos del suelo por parte de empresas inmobiliarias.
Así como la omisión o complicidad de las autoridades encargadas de autorizar la expedición de licencias de construcción, de verificar y suspender las obras irregulares.