11-10-2018 Al instalar la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, su presidenta, diputada Pilar Lozano Mac
Donald (MC), sostuvo que buscarán construir un nuevo marco de desarrollo, donde sea clave la coordinación entre los órdenes de gobierno, e instaurar un crecimiento ordenado y garantizar protección y acceso equitativo a espacios públicos.
En este marco es vital la participación ciudadana en los procesos de planeación y gestión del territorio, y en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de desarrollo urbano y metropolitano.
La nueva ruta del desarrollo metropolitano requiere un cambio de enfoque, la participación de la población será clave para generar un proceso sustentable que permita a todos acceso a vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos con mayor cohesión social que elimine cualquier intento de discriminación o marginación, precisó.
Lozano Mac Donald sostuvo que se requiere generar productividad y eficiencia de las ciudades con redes de vialidad y movilidad, comunicaciones, infraestructura productiva, equipamientos y servicios públicos de calidad; espacios que generen condiciones de habitabilidad como elemento para un mejor nivel de vida, y uso racional de los recursos naturales para evitar comprometer el desarrollo de futuras generaciones.
Asimismo, crear usos compatibles del suelo que comprendan redes primarias, distribución de equipamientos y privilegiar el transporte público, el peatonal y el no motorizado.
Expresó que el mandato de los ciudadanos fue contundente. “El país debe cambiar. Con la nueva realidad política entramos a una etapa de transformación institucional, en la que el Poder Legislativo está llamado a modificar prácticas, usos y normas internas y a incidir en la renovación de la vida pública, para adecuarlas al nuevo entorno”, afirmó.
“Tenemos la importante responsabilidad de influir en la gobernanza metropolitana, dotando a los diferentes niveles de gobierno de mecanismos e instrumentos que aseguren la acción coordinada e institucional con la participación abierta de la sociedad”.
El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez (PVEM) resaltó que es importante considerar los lineamientos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible que estableció la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para dar cumplimiento a ello.
“El trabajo de esta Comisión debe estar alineada a los objetivos y metas de esa Agenda que nos permita, como país, estar a la altura del desarrollo de las naciones del mundo”, agregó.
Por Morena, la legisladora Marina del Pilar Ávila Olmeda resaltó que en nuestro país, con más de 132 millones de habitantes, los recursos se están agotando y se generan problemas regionales, principalmente en cuatro entidades que conforman la “corona metropolitana”, como falta de acceso a vivienda, empleo y agua potable.
Se requieren sanciones fuertes para quienes violen los estatutos en la materia, y determinar hasta dónde crecer; que las normas se sigan al pie de la letra y no se permita el crecimiento desordenado, como hasta ahora, con la construcción de conjuntos habitacionales que no tienen el permiso de suelo o características apropiadas para su habitabilidad.
Karen Michel González Márquez, diputada del PAN, destacó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 1950, poco menos del 43 por ciento de la población en México vivía en localidades urbanas; en 1990, se incrementó a 71 por ciento y para el 2010 alcanzó 78 por ciento, ocho de cada 10 mexicanos viven en las grandes ciudades.
Las urbes de México generan 86.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), pero 40 por ciento de su población se encuentra en situación de pobreza y, más grave aún, los más pobres viven en tierras irregulares, en la periferia, en zonas de riesgo y carentes de acceso a los servicios básicos. Pese a ello, el reconocimiento del fenómeno metropolitano ha sido tardío, por lo que “debemos trabajar en atender esa problemática.
Por Morena, el diputado Alejandro Mojica Toledo, señaló que uno de los temas particulares a atender es la revisión del funcionamiento de los fondos metropolitanos, ya que “estos son modificados de manera irresponsable, afectando el desarrollo de las zonas metropolitanas, así como incidir en el ramo presupuestal”.
Propuso establecer un convenio de colaboración con el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a fin de fortalecer y enriquecer propuestas; “hagámoslo, por el buen vivir de las y los habitantes de México”.
La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) detalló que la Ciudad de México cuenta con una reforma política que faculta, por primera vez al Congreso, a legislar en materia de coordinación metropolitana; el gran reto es pensar en una legislación que mire a largo plazo, entendiendo que sentaremos un precedente para el resto de las zonas metropolitanas del país que todavía tienen la oportunidad de crecer bajo una planeación adecuada y ordenada.
Será necesario visibilizar el tema de movilidad, sobre todo, en la asignación de recursos.
De Morena, el diputado Javier Hidalgo Ponce expresó que las ciudades se hicieron sin planes ni programas, por lo que será una oportunidad para construir otro modelo que comience con la planeación como parte obligada de la ley, donde lo más importante sean las personas.
En materia de movilidad, continuó, debemos priorizar el transporte público y pasar a conformar ciudades sustentables, seguras, sociales y humanas.
El diputado Francisco Javier Saldivar Camacho (PES) coincidió en abordar el tema de movilidad, ya que en el caso de la Ciudad de México “hay un crecimiento desmedido, que en las llamadas horas pico, convierte avenidas en prácticamente estacionamientos públicos, además de la mala calidad en el asfalto”.
Lo anterior es generado por la corrupción, por lo que el tema que debemos atacar y acabar es el de los moches, pues éstos han generado avenidas, casas y puentes vehiculares de mala calidad.
De Morena, la diputada Alma Delia Navarrete Rivera sostuvo que lograr resultados requiere partir del principio de la participación de la población en los asuntos políticos, y su derecho de encontrar en las ciudades las condiciones necesarias para su plena realización; el derecho a la movilidad universal y el lugar de residencia que decida.
Los ciudadanos tienen derecho a ser consultados en asuntos que les afecten, a tener una vivienda, a disfrutar del espacio público y desarrollo urbanístico dotado de elementos que le den visibilidad e identidad, así como a la movilidad local para tener una viabilidad ordenada y amable con el medio ambiente y vivir en zonas urbanas de calidad.
El diputado sin partido, Carlos Alberto Morales Vázquez, precisó: es necesario poner especial atención al eliminar la corrupción en el movimiento territorial y planeación, ya que se manejan muchos recursos que, al final, no llegan a sus destinos, y mantener una campaña permanente en contra de los “moches”, que han deteriorado la obra y servicios públicos del país.
Se sumó a dar prioridad a la movilidad en torno al peatón, “menos transporte privado y más transporte público, vamos a acercar los servicios a la ciudadanía y compactar las ciudades para tener mejores servicios y menor gasto en las familias”.
De Morena, Raquel Bonilla Herrera coincidió en eliminar la corrupción, que ha impedido lograr un crecimiento en el desarrollo urbano y metropolitano, y un verdadero ordenamiento territorial, así como esclarecer y dar transparencia al gasto asignado en la materia.