Las personas que trabajan para defender los derechos humanos, así como quienes se dedican al periodismo, deben contar con
mecanismos que garanticen un ejercicio libre y seguro de su profesión en la capital, señaló el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva.
En el marco de la inauguración del Seminario Internacional de Perspectivas, Retos y Buenas Prácticas para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Amieva Gálvez explicó que cuando se habla de justicia, la concepción involucra una correcta investigación, una sanción ejemplar, una reparación del daño.
"Pero no podríamos hablar nosotros de la aplicación de justicia en un territorio si no atendiéramos las medidas de protección, de acompañamiento, de prevención y, sobre todo, de no repetición de actos", enfatizó el mandatario capitalino.
Destacó que lo importante es eliminar dos prácticas que no son inherentes ni relacionadas con la labor de protección y acompañamiento: la burocracia, entendida como el retardo de la toma de decisiones administrativas efectivas, que genera mayor victimización y daño a las personas, así como la exclusión.
Las personas que solicitan la protección a sus actividades no quieren que se les excluya o que se les proteja únicamente desde el punto de vista social y de seguridad pública, sino que haya espacios para el ejercicio libre de sus actividades, ya sea como periodistas o como personas defensoras de derechos humanos, enfatizó Amieva Gálvez.
Para ello, resaltó la importancia de que las autoridades sean sensibles a la realidad y a la protección para evitar el olvido y la ineficiencia en las acciones para la aplicación de la justicia, pues "tenemos que ver que este concepto de justicia sea integral, sea progresivo, que sea socialmente aceptado y que sea administrativamente aplicado", subrayó.
En tanto, la coordinadora ejecutiva del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, Patricia Colchero Aragonés, sostuvo que sin el apoyo de las autoridades, los mecanismos no pueden brindar una protección efectiva.
Señaló que este soporte no puede seguir siendo discrecional, debe normarse de manera que sea una obligación y no una concesión. "Es decir, un mandato de ley que, de no cumplirse, conlleve una sanción".
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, apuntó que es un momento adecuado para hacer un alto y reflexionar qué se ha hecho, qué no, cuáles son los obstáculos, y las cosas que han favorecido el desarrollo de los mecanismos de protección a niveles federal y local, así como qué sigue hacia adelante.
Puntualizó que en la Ciudad de México se encuentran tanto los periodistas y defensores de derechos humanos que han tenido agresiones en sus entidades y se refugian en la capital del país, como aquellos que han sido agredidas aquí, lo que hace doble el reto de protección.
Edgardo Buscaglia, académico investigador de la Universidad de Columbia, aseveró que la libertad de expresión no solamente son tres palabras en la Constitución, sino un requisito esencial para que se puedan salvar vidas hacia el futuro, a fin de que renazca o nazca una democracia y para que surja un Estado de derecho.
De no ser así, advirtió, "se van a perder vidas humanas hacia futuro, vidas de periodistas, vidas de activistas, todas estas personas que han estado forzando a las instituciones del Estado mexicano a reaccionar y a operar como deberían operar de acuerdo a la ley".
Además, en el acto, realizado en el Instituto Mexicano para la Justicia, se firmó un convenio entre el Mecanismo de Protección Integral de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, que dirige Claudia Cruz Santiago, con el mecanismo federal a cargo de Patricia Colchero.