De acuerdo a cifras oficiales dadas a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP), el primer semestre del 2019 ha sido el más violento, sin precedente alguno.
El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Christian von Roehrich, comentó que más de 100 mil hechos violentos se han cometido durante ese periodo en el país, los cuales van desde el secuestro, homicidios o delitos con armas, mismos que muchas veces no se investigan, quedan impunes o cuentan con una investigación deficiente.
“Quienes vivimos en la Ciudad de México sabemos que igual pasa en el transporte público, caminando en la calle, en un restaurante, en los negocios o en nuestra propia casa”.
Si bien la estrategia en materia de seguridad y justicia se ha modificado recientemente, no hemos notado cambios significativos que regresen la tranquilidad a la ciudadanía.
Hoy más que nunca debemos sumar esfuerzos en la capital del país, involucrar a todas las partes: Ejecutivo local, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Procuraduría General de Justicia, gabinete de seguridad, Alcaldías, Congreso de la Ciudad y ciudadanía.
Por todo esto, y con base en las cifras que obtenemos del SENSP, sugiero que en calidad de urgente, se constituya un Consejo de Seguridad Local, encabezado por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, acompañada por su gabinete de seguridad, procuraduría local, Tribunal Superior de Justicia, los 16 alcaldes de la Ciudad de México y representantes del Congreso local, así como de la sociedad civil, con el objetivo de:
Establecer lineamientos inmediatos para fortalecer la seguridad ciudadana y la prevención del delito.
Promover y evaluar de manera constante la homologación de la estrategia de seguridad en cada demarcación.
Actualizar la información y compartir datos a nivel interinstitucional, a través de la creación de un software donde las instituciones puedan colaborar en la investigación.
Desarrollar e impulsar políticas en materia de procuración de justicia a través de la implementación de un modelo de política criminal.
Impulsar la capacitación, actualización y certificación de los funcionarios públicos que intervienen en el proceso de prevención (policías de SSC) así como de los que participan en la investigación (ministerios públicos, peritos y policías de investigación) y de los que imparten justicia (jueces).
La inseguridad nos ha robado la paz y la tranquilidad de estar en casa o en la calle, tenemos la obligación de regresar a la población sus espacios seguros.
No podemos permitir que se sigan incrementando el número de homicidios, tal y como ha sucedido el primer semestre del 2019.
Requerimos sumar esfuerzos en todos los niveles para garantizar a la sociedad un mejor lugar para vivir, no esperemos a que las cifras se sigan incrementando, de lo contrario no estamos correspondiendo a la confianza que depositaron en nosotros.