• El diputado José Abotiz Saro dijo que la iniciativa reconocería el concepto del servicio público en mercados y de locatario como usufructuario y no como
concesionario
• Ante el pleno, la legisladora Gabriela Salido Magos propuso establecer las funciones que tenía la Autoridad del Espacio Público en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la CDMX
Con la finalidad de atender un mandato constitucional y la exigencia social de una nueva realidad que debe reconocer la labor de una persona que con total autonomía presta sus servicios, no tiene un patrón y percibe ingresos, el diputado José Fernando Aboitiz Saro, presentó una iniciativa de Ley de Trabajo No Asalariado de la Ciudad de México.
 
“Atrapados en una visión estática y conservadora de la sociedad, se pensó que el trabajo no asalariado no era una ocupación como tal, llegando inclusive a criminalizarla y discriminarla, dándole calificativos clasistas y ofensivos de informarles o subterráneos, pero acertadamente en la Constitución de la Ciudad de México se reconoció el derecho humano a una ciudad habitable y con ellos el reconocimiento del trabajo no asalariado en sus diversas modalidades”, sostuvo el legislador.
 
Aboitiz Saro precisó que la iniciativa propone reconocer no sólo el concepto del servicio público en mercados, como un concepto jurídico y económico plasmado en la Constitución, en el que se genera empleo, competitividad y se prohíben los monopolios, también al locatario del mercado público dotándoles de un derecho de usufructuario y no de concesionario.
 
Apuntó que su propuesta, turnada a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, se suma a varios ejercicios democráticos de los propios gremios de trabajadores no salariados que han promovido regular su principal  fuente de sustento para sus familias, “en ella se propone la creación de un organismo público descentralizado que sería la Caja de Previsión que podría constituirse con las aportaciones de los trabajadores, y estaría obligado a prestar servicios financieros, hasta el otorgamiento de crédito y servicios de seguridad social”, recalcó el diputado de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social.
 
Por su parte, la diputada Gabriela Salido Magos presentó una iniciativa para reformar Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la CDMX, para delimitar el ámbito de aplicación de las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios en materia del espacio público. 
Recordó que en el año 2008 se creó la Autoridad del Espacio Público local como el órgano de apoyo a las actividades de la Jefatura de Gobierno para la gestión integral de los espacios públicos de la Ciudad de México y cuyo objetivo era planear, diseñar, normar, emitir cualquier tipo de opinión, ejecutar y supervisar las obras públicas en la Ciudad de México que correspondían al desarrollo y equipamiento urbano del espacio público.
“En 2018 la Autoridad del Espacio Público reportó que a 10 años de su existencia realizó más de 100 obras en las 16 alcaldías, recuperando más de 1 millón 087 mil metros cuadrados de espacio público a través de proyectos de intervención en los denominados parques públicos, de bolsillo, corredores urbanos, calles peatonales, glorietas, rehabilitación de las calles, reportando un beneficio directo a más de 796 mil personas”, destacó Salido Magos.
Sin embargo en el 31 de diciembre del año pasado se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México, un acuerdo por el que se extinguió la Autoridad del Espacio Público, transfiriendo sus funciones y facultades a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a la de Obras y Servicios, “ante ello es importante dar certeza a la ciudadanía respecto de las atribuciones que tienen las secretarías en materia del espacio público, más cuando el gobierno central no contempló el total de las facultades que anteriormente tenía la Autoridad del Espacio Público en el acuerdo de extinción del mismo, de esta autoridad, la que existía antes”, finalizó la legisladora.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Administración Pública Local y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

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