CDMX. Con las reformas a la Ley de Movilidad aprobadas este jueves por el pleno del Congreso de la Ciudad de

 México, toda publicidad instalada en los vehículos de transporte público deberá ser reciclable.


Para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Movilidad Sustentable, el legislador Miguel Ángel Macedo, indicó que las anteriores reformas se fundamentan en la Constitución Política local, que estipula el derecho que toda persona tiene a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, mismo que deberá ser garantizado por las autoridades.


El diputado de Morena explicó que, con las reformas, la publicidad deberá ser fabricada con materiales biodegradables y que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente.


Al presentar el dictamen, aprobado esta tarde con 42 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, aseguró que las reformas deberán impulsar diversas políticas de cuidado y protección al ambiente.


Señaló que la iniciativa tiene un sustento constitucional, toda vez que lo relativo al medio ambiente establece que las autoridades adoptarán medidas de prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de manejo especial y de materiales peligrosos.


En este mismo ámbito, los diputados locales también aprobaron puntos de acuerdo en los que solicitaron a las secretarías de Medio Ambiente y de Movilidad implementar el sistema de bicicletas públicas Ecobici, en la alcaldía Álvaro Obregón.


Esta medida pretende “promover la bicicleta como un transporte alternativo y ecológico, reducir la contaminación del aire y promover la equidad sanitaria”, según detalló en tribuna la legisladora Teresa Ramos.


Durante los trabajos legislativos de este jueves, en el Congreso local también se aprobó por unanimidad, en las comisiones de Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género un dictamen de reforma el Código Penal local, y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en los que se pretende aumentar las sanciones cuando se cometa el delito de violencia digital.


El dictamen, que deberá ser analizado en el pleno, es una revisión integral de las propuestas que diversas fracciones legislativas presentaron sobre el tema iniciativas propuestas y se refieren a delitos contra la intimidad sexual al grabar y difundir imágenes, audios o videos, reales o simulados, de contenido sexual de una persona sin su consentimiento o mediante engaño.


Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, explicó que la propuesta es que la pena se agravará cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, de confianza, docente, educativo, laboral de subordinación o superioridad, y aprovechando su condición tenga alguna de las conductas establecidas en este artículo.

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