En los últimos 14 años, tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), el actual dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores,
creó una red de corrupción que le ha permitido enriquecerse de manera ilícita, mediante la creación de al menos 40 empresas que han generado recursos millonarios, y cuyos principales accionistas son su familia y su círculo cercano, aseveró el Frente Amplio de Unidad (FAU) “Jorge Tapia Sandoval”, A.C.
Acompañados de ex trabajadores de LyFC, Rosendo Flores Flores, ex secretario General del SME y director Colegiado del FAU; Ramón Pacheco Llanes, presidente del FAU; Mario Benítez, comisionado de prensa del FAU, y Rafael Chávez, integrante del FAU, denunciaron lo anterior y sostuvieron que cuentan con pruebas documentales –como actas constitutivas, registros públicos y comercio, CURP y del Seguro Social– que comprueban cómo Esparza Flores tejió una red que ha beneficiado al menos cuatro familiares (esposa, hijos y hermano) y 25 miembros del actual Comité Central del SME.
En conferencia de prensa, señalaron que en marzo de 2020 presentaron una denuncia por enriquecimiento ilícito ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), instancia adonde se han entregado los documentos oficiales mencionados, además de que se siguen aportando más pruebas.
“Nosotros estamos en condiciones de poder demostrar documentalmente la corrupción que estamos señalando; no hay forma de que lo eviten, no hay forma de que digan esto no es cierto”, aseguró Rosendo Flores. Indicaron que Gabriela Esparza Sánchez, hija del actual dirigente del SME, es propietaria de cinco empresas, una de ellas es “Comercializadora Girnet, S.A. de C.V” que ofrece servicios de fibra óptica y cuyos propietarios son: Esparza Sánchez, con 50 por ciento de las acciones; Víctor José Montes de Oca Guerra, con 30 por ciento, e Irma Martínez Galván, esposa o pareja de Esparza Flores, con 20 por ciento.
“Inicialmente el dueño de Girnet era José Antonio Martínez Galván, hermano de Irma, pero en 2019 se hace el cambio de propiedad de las acciones entregadas de forma directa sin adjudicación, y quedan a nombre de la hija de Martín Esparza”, explicó Rafael Chávez.
Otro caso que ilustra la trama de corrupción que inició tras la liquidación de LyFC en 2009 y que implicó la salida de 44 mil trabajadores, es que desde 2014 existe la empresa “Agrícola Ganadera Don Pablito”, que también dirige Gabriela Esparza, dedicada a la venta de alfalfa y es proveedor del Gobierno de la Ciudad de México, actividad por la cual obtuvieron alrededor de 20 millones de pesos en el último año, señaló Rosendo Flores.
Agregó que en esta empresa pudiera pensarse que laboran compañeros del SME y que por eso se justifica ese contrato; sin embargo, no hay ningún ex trabajador electricista en el manejo, siembra, corte o transporte de alfalfa.
Rafael Chávez indicó que existen más empresas “que son fachada”, como “Alimentos San José”, que se dedica a la exportación de carne de primera calidad, pero “no cuenta con trabajadores y lo hemos investigado en el Seguro Social”. Incluso, Girnet sólo cuenta con un empleado, que es el administrador de la compañía.
Otro ejemplo donde “presumimos que hay mucho lavado de dinero”, es en la empresa “Hopanin Company, S.A. de C.V.”, de Víctor José Montes de Oca Guerra. Se creó en 2019 con 50 mil pesos de capital y a principios de 2020 creció a 64 millones, mencionó.
Durante la conferencia de prensa, los dirigentes de FAU acusaron que el círculo cercano de Martín Esparza recibieron millones de pesos a través de rentas vitalicias y liquidaciones, que negoció en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Pacheco Llanes señaló que a través de este mecanismo alrededor de 50 personas, entre familiares y amigos de Esparza Flores que incluso siguen en el Comité Central, que no cumplían con la edad para retirarse pero se beneficiaron con liquidaciones 20 o 30 veces más de lo que normalmente hubieran alcanzado.
Por ejemplo, dijo, el propio dirigente del SME se liquidó con 6 millones de pesos, y su tesorero, Fernando Muñoz Ponce, lo hizo con 7 millones de pesos, y un grupo importante alcanzó los 5 millones de pesos. “Tuvieron manga ancha para distribuirse esas liquidaciones y a la gente de abajo la dejaron desprotegida”.
Los ex dirigentes del SME también exigieron la devolución de 15 plantas hidroeléctricas y una termoeléctrica que fueron entregadas a Generadora Fénix, empresa formada por el SME y la trasnacional portuguesa Mota-Engil.
Finalmente Rosendo Flores destacó que 9 mil ex electricistas por fin cuentan con una pensión, que es conformada con recursos que aportaron durante toda su vida laboral. Además, señaló que el FAU crece a pasos agigantados y convocó al evento que se realizará el próximo sábado a las 13 horas en la ciudad de Toluca, Estado de México.