El aval que la Comisión Tripartita dio ayer al “rector interino” nombrado ilegalmente por consejeros paristas –que se encuentran suspendidos de sus funciones laborales– viola flagrantemente la autonomía universitaria, garantizada en el artículo tercero constitucional y en la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), lo cual sienta un precedente negativo para todas las universidades públicas y autónomas del país.
Por lo anterior, la Rectoría de la UACM, encabezada por la doctora Esther Orozco, reitera que interpondrá todos los recursos legales necesarios para hacer valer la legalidad en esta institución.
La Comisión Tripartita, integrada por la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), excedió su papel de coadyuvante, que por principio tendría que ser neutral, al pronunciarse a favor del grupo parista.
Dicho pronunciamiento –que careció del respaldo de todas las fracciones parlamentarias con representación en la Comisión Tripartita– está en total contradicción con la postura fijada el 12 de marzo pasado, en la que la propia Comisión manifestó su respeto a la autonomía universitaria y solicitó el cumplimiento de los acuerdos firmados el 26 de noviembre de 2012.
Sobre el pronunciamiento de la Comisión Tripartita es pertinente realizar diversas precisiones, ya que se miente a la opinión pública para favorecer a un grupo que mantuvo cerrada la Universidad durante más de tres meses, en perjuicio de 14,900 estudiantes:
La Comisión Tripartita se excede porque ayuda al grupo parista con una mayoría irreal y miente a la ciudadanía al afirmar que el “rector interino” fue nombrado “por unanimidad” por 26 consejeros, cuando solamente tuvo 24 votos, como es de conocimiento público. Además, cabe recordar que para ser electo Rector de la UACM se requiere contar con dos terceras partes de los votos del CU, como se establece en el artículo 49 fracción sexta del Estatuto General Orgánico, y no por mayoría simple (que ni siquiera logró el “rector interino”).
La conformación de la mesa de diálogo de la Comisión Tripartita no fue solicitada por la Rectoría, sino que fue decidida de manera unilateral por los órganos integrantes de dicha Comisión. El establecimiento de la mesa de diálogo fue aceptada por la Rectoría como una muestra más de voluntad política para la solución de este conflicto.
El Consejo Universitario no sesionó de manera legal ni legítima el 29 de noviembre de 2012, toda vez que no se completó el quórum establecido en los acuerdos, como lo declaró el diputado Eduardo Santillán, lo cual consta en la versión estenográfica de la misma, además de que en las subsecuentes sesiones los consejeros paristas no contaron con el quórum mínimo establecido en los acuerdos de la ALDF, esto es, 16 profesores y 10 estudiantes. Además, a la reunión realizada en el Museo de la Ciudad de México asistieron 12 consejeros que se encontraban en juicios de amparo, contraviniendo dichos acuerdos.
La garantía del derecho de las y los estudiantes a la educación; la continuidad del ciclo escolar que recién acaba de iniciar y la continuación de la vida institucional de la Universidad ha sido garantizada por la administración encabezada por la Rectora Orozco; muestra de ello es que, tras el paro, se realizó el proceso de certificación del semestre 2012-II; inició el semestre 2013-I el pasado 11 de marzo, con 11,604 estudiantes inscritos; y las actividades académicas y culturales se llevan a cabo de manera habitual en sus 5 planteles y 2 casas de cultura.
La salvaguarda de los derechos laborales de la plantilla docente y trabajadores administrativos está en riesgo precisamente por la amenaza de que los recursos no sean depositados por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal a la representación legal, esto es, a la Rectora Orozco, quien cuenta con un nombramiento legal desde mayo de 2010, vigente hasta mayo de 2014, y fue electa por más de dos terceras partes del Consejo Universitario.