No desaparece el arraigo. Diputados del PRD Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) plantearon limitar a 20 días el tiempo que las autoridades judiciales de la capital podrán retener a una persona, a efecto de establecer su presunta responsabilidad en la comisión de un delito.
Los asambleístas Esthela Damián, Efraín Morales y Daniel Ordóñez, afirmaron que dicha propuesta es resultado de la consulta que realizaron a diversos especialistas para encontrar una figura jurídica que si bien no contempla la desaparición total del arraigo, atienda los señalamientos hechos por los defensores de los derechos humanos.
“Tratamos de buscar una figura intermedia que como base fundamental limite el tiempo que una persona puede estar privada de su libertad por cuestiones de supuestos.
Actualmente un detenido puede estar bajo arraigo de 80 a 90 días, únicamente por la presunción de haber cometido un delito; lo que proponemos es que ese lapso se limite a 20 días”, indicaron.
Anunciaron que en este periodo ordinario de sesiones en la ALDF también impulsarán las reformas que conduzcan a la implementación del procedimiento acusatorio en los juicios orales, ya que las reformas constitucionales establecen como plazo el 2016.
Al respecto, propusieron aplicar medidas paulatinas como: derogar el capítulo de proceso escrito y unificar un juicio oral tanto para conductas tipificadas como delitos graves; establecer plazo de inicio de un año para adecuaciones presupuestales, administrativas, materiales, capacitación; incrementar el número de jueces de ejecución hasta dos por centro de reclusión.
Así como proyectar las medidas presupuestales a fin de que el TSJDF pueda implementar el procedimiento acusatorio en etapas, juicios familiares, penales, mercantiles, hasta lograr su total aplicación, ya que se requerirá de espacios, logística, tecnología y capacitación de personal.
En cuanto a la extinción de dominio, afirmaron que trabajarán en reformas a la Ley en la materia a fin de que los bienes no puedan ser recuperados por los resquicios que persisten en la norma, procurando dejar a salvo los derechos humanos de quienes otorgan esos bienes de buena fe bajo las figuras de arrendamiento, uso, usufructo o comodato.
Acerca de la adopción, adelantaron que se buscará establecer los criterios que permitan un proceso más ágil sin descuidar los derechos humanos de los adoptados.
Finalmente, propusieron cambiar el nombre del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) y suprimir la palabra “Justicia”, para denominarse “Tribunal Superior del Distrito Federal”, y conformarse en “Poder Judicial de la Ciudad de México” una vez que se formalice la reforma política del Distrito Federal.