La recomendación 7/2013 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), da cuenta una vez más de que las políticas a favor de los derechos de la infancia son un fracaso en el Distrito Federal.
La Oficina de Derechos de la Infancia (ODI) y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), recordó que los hechos ocurridos el pasado uno de diciembre se pudo acreditar, gracias a las grabaciones de imágenes y de audio, que la Policía de la Ciudad de México pretendía fabricar delitos en contra de casi un centenar de personas, doce de ellas menores de edad.
Pedirán que se investigue a todos y cada uno de los servidores públicos que ordenaron, planificaron y ejecutaron ese ilegal operativo sin importar la posición jerárquica de los responsables, así como sancionar a quienes resulten responsables por las violaciones a derechos de la infancia ocurridos en los hechos señalados.
Del 2006 a la fecha más de cuarenta recomendaciones relacionadas con violaciones a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes han sido emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en ellas, se han detectado diversas deficiencias del sistema penal.
Ese día, primero de noviembre los adolescentes fueron detenidos ilegalmente, golpeados e incomunicados y se les trató de fincar una responsabilidad a partir de mentiras fabricadas por la Policía de la Ciudad de México.
Paradójicamente, el Gobierno del Distrito Federal (GDF), no inició ninguna investigación en contra de los agentes de la Policía a pesar de la contundente evidencia que demostraba dichas ilegalidades y por el contrario, se procedió a investigar a los adolescentes que estuvieron presentes en los hechos del 1° de diciembre.
La ODI representa a ocho adolescentes que el 27 de marzo del 2013 presentaron una denuncia de hechos por escrito ante el Procurador General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en la que denunciaron las arbitrariedades cometidas. Derivado de ella se inició la averiguación previa FSP/BT2/751/13-04 en la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. (Edmundo Olivares Alcalá)